MADRID, 13 Nov. (OTR/PRESS) -
Se equivocan en la Moncloa y en Ferraz si subestiman el impacto de las manifestaciones del domingo pasado en la venidera aplicación del plan "amnistía por investidura", tras los acuerdos alcanzados con fuerzas políticas interesadas en un nuevo mandato del Congreso para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.
La movilización de la calle ha sido masiva, transversal, legítima y pacífica. Negarlo sería hacerse trampas en el solitario, como suele decirse. No sirve rasgarse las vestiduras o usar enlatadas razones de tertuliano ofendido. Una vez admitido eso, como expresión del cabreo de la gente, hemos de admitir también que estamos ante un dato muy relevante de la realidad en sistemas sometidos al escrutinio de las opiniones públicas.
El calificativo de "masiva" está sobradamente justificado a la vista de las imágenes servidas por los medios de comunicación. Más allá de las absurdas reseñas que contraponen las cuentas de las Delegaciones del Gobierno con las de los convocantes (un clásico, oiga), es un lugar común hablar de "cientos de miles de personas". Pero pretender precisar las cifras es un detalle menor frente a la percepción de malestar verdadero y extendido que anticipa tiempos tormentosos.
El malestar es transversal. La misma transversalidad que se atribuye Sánchez para presumir de interlocución en la diversidad parlamentaria también es endosable al poder de la calle a la hora de concitar la protesta de ciudadanos con distinta confesión de voto. Las manifestaciones, en toda la geografía nacional, desbordaron al electorado del PP, convocante de las mismas. Y desbordaron también a quienes tienden a descalificarlas en base a los gritos demagógicos o injuriosos contra el presidente del Gobierno en funciones que se escucharon.
Los indefendibles insultos a Sánchez o ciertos gritos destemplados no venían a cuento. Pero es hacer trampas utilizarlos como excusa para descalificar las movilizaciones del domingo. Es doctrina oficial de la Moncloa que pretenden deslegitimar el derecho de Sánchez a buscarse aliados para formar Gobierno. Pues, no. Pero no es menos legítimo el derecho a la discrepancia implícito en el ejercicio de las libertades de expresión y de manifestación, que es el marco político y legal aplicado a los cientos de miles de personas que se han echado en la calle para decir no a los planes de Sánchez que tocan fibras sensibles de la anatomía del Estado.
Y, en fin, las manifestaciones del domingo transcurrieron sin incidentes dignos de mención. Fueron absolutamente pacíficas y los cuerpos policiales no tuvieron necesidad de intervenir para frenar la aplicación de un derecho. En este caso el derecho a discrepar de una apuesta personal de Sánchez a espaldas de la opinión pública en asuntos de mayor cuantía.