BOGOTÁ, 22 Nov. (Notimérica) -
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha manifestado en una carta este miércoles los "riesgos" que considera que incluyen algunos artículos en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
La carta viene dirigida al Ministerio de Interior y los principales temas sobre los que el fiscal da su valoración son la situación de los privilegios de los excombatientes que reincidan; la excepción de responsabilidad penal de la JEP para crímenes como violaciones o reclutamiento de menores; la acreditación de los desmovilizados que entrarán a las listas de la JEP y el sometimiento voluntario a la JEP.
En cuanto a los privilegios por parte de excombatienes, ha reconocido la controversia que este punto ha provocado entre juristas, pero ha subrayado que "ha quedado inequívocamente establecido que los excombatientes que se acojan a la JEP no pueden cometer un nuevo delito o, de lo contrario, perderán todos los beneficios". Sin embargo, ha criticado que, aunque en el texto se establece que "los excombatientes que se acojan a la JEP no pueden cometer un nuevo delito o de lo contrario, perderán todos los beneficios que consagre la ley", también está escrito que "la JEP verificará el régimen de condicionalidades cuyo incumplimiento podrá dar lugar hastra la pérdida de los tratamientos especiales".
Sobre la situación de "impunidad absoluta" de ciertos crímenes, la situación es la siguiente: en un principio se iba a aprobar un "parágrafo" del artículo 19, que decía que la JEP podía renunciar a la acción penal de quienes no tuvieron una participación determinante en los más graves crímenes ocurridos durante el conflicto. Según el fiscal, este parágrafo "reservaba la renuncia de la acción penal en favor de los máximos responsables". Sin embargo, en la aprobación del pasado día 14 ese párrafo fue suprimido. Esto para el fiscal supone que la JEP pueda "exceptuar de responsabilidad penal a quienes cometieron graves masacres, violaciones, reclutamiento de menores, entre otras". En la carta advierte que "esta posibilidad teórica comportaría impunidad absoluta para los más graves crímenes y desconocimiento total de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, lo que activaría la competencia de la Corte Penal Internacional".
En cuanto a la acreditación de miembros de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC) en las listas de la JEP, Martínez Neira califica de "insuficientes" a las previsiones normativas establecidas y propone entonces que el Gobierno expida "un listado final de acreditación sobre quiénes se reputarán como desmovilizados de la FARC-EP", cosa que se traduciría en "mayor certeza y seguridad jurídica".
Por último, en cuanto al sometimiento voluntario a la JEP por parte de terceros civiles y agentes de la Fuerza Pública guarda dos críticas principales. La primera dice que "la simple manifestación de voluntad de someterse a la Jurisdicción Especial de la Paz no implica que esta avoque el conocimiento de un caso de forma automática, pues además de la solicitud, debe verificarse el presupuesto de competencia material". La segunda se refiere a que "es posible que la JEP no asuma la la competencia" y esto tendría consecuencias de investigación penal "que es necesario prever desde ahora".