LIMA, 8 Nov. (Notimérica) -
El procurador anticorrupción de Perú, Amado Enco, ha denunciado que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, "no va a impulsar nada porque está comprometido con dicha trama y en el Congreso ocurre lo mismo". Además, las fiscales que detectaron la existencia de la organización de Cuellos Blancos del Puerto están siendo objeto de represalias.
Tras cuatro meses de destaparse la red corrupta en el sistema de justicia de Perú por la que se realizaban escuchas policiales, pocos miembros de dicha organización han sido detenidos o se encuentran colaborando con la policía.
La primera magistrada que se ha visto amenazada por el fiscal Chávarry es Jacqueline Pérez, que en julio pidió apartar de sus puestos a dos fiscales provinciales de Callao por sus tratos ilegales con el entonces presidente de la Corte Superior de esa ciudad, Walter Ríos, quién hoy está detenido por formar parte de la red infiltrada en el aparato de justicia del país sudamericano.
Jacqueline Pérez coordinaba las Fiscalías Penales Corporativas de Callao y tenía el rango de Fiscal Superior Provisional. Ahora el fiscal Chávarry ha anulado su designación, la rebajó de rango y la envió al despacho de uno de los fiscales que ella pidió apartar. Es decir, la ha apartado de la investigación de la trama de corrupción.
Por otra parte, cuando las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro fueron asignadas a la Fiscalía Provincial Especializada en crimen organizado de Callao, comenzaron a seguir a una banda de narcotraficantes y sus abogados, que, además, aparecieron en las escuchas telefónicas relacionadas con magistrados y trabajadoras administrativos del sistema de justicia.
Los audios de esas conversaciones revelan que el tráfico de sentencias y nombramientos prevaricadores de jueces y fiscales en Callao se repitió por lo menos en el sur de Lima y en la región de Ayacucho.