SAO PAULO/BRASILIA, 10 Mar. (Reuters/EP) -
Fiscales del estado de Sao Paulo han presentado este miércoles cargos contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de una investigación por lavado de dinero, aumentando la presión sobre el político, que la semana pasada fue interrogado en un caso paralelo sobre corrupción.
El portavoz de los fiscales no ha especificado los cargos presentados contra Lula, pero investigadores del estado han dicho que sospechan que la familia del exmandatario posee una propiedad frente al mar en la ciudad de Guaruja que no ha sido declarada.
Investigadores federales reiteraron las acusaciones después de que detuvieran brevemente el pasado viernes a Lula para interrogarlo bajo custodia policial, agravando una crisis política que ha golpeado a su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.
Lula ha negado cualquier ilícito y ha rechazado la idea de que él sea dueño de un condominio de lujo en Guaruja, construido por el grupo de ingeniería OAS, uno de los conglomerados involucrados en un enorme escándalo de corrupción relacionado con la petrolera controlada por el Estado Petrobras.
El abogado de Lula ha dicho que los cargos son un intento del fiscal Cássio Roberto Conserino de manchar la reputación del expresidente de Brasil.
"Conserino convirtió dos visitas a un departamento en Guaruja en una propiedad oculta", ha criticado el abogado defensor Cristiano Zanin Martins a través de un comunicado, en el que pide al Supremo Tribunal Federal que decida si la jurisdicción corresponde a fiscales del estado o federales.
UN PUESTO EN EL GOBIERNO
Los cargos presentados contra el exmandatario podrían acelerar los procesos para que Lula acepte un puesto en el Gobierno de Rousseff, en caso de que se lo ofrezcan.
Medios brasileños han informado el miércoles que miembros del Partido de los Trabajadores (PT) estaban presionando a Rousseff para que le ofrezca a Lula, su fundador, el mando de un ministerio, lo que lo protegería de una posible detención.
Si es designado, Lula sólo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, lo que lo dejaría fuera del alcance del magistrado federal que investiga el caso de sobornos en Petrobras.