QUITO, 12 Sep. (Notimérica) -
El fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, ha anunciado una investigación tras las denuncias de que algunos legisladores cobraban a sus asesores para mantener sus puestos de trabajo. De momento no ha especificado cuántas investigaciones se están llevando a cabo.
"Nuestra obligación como Fiscalía General es investigar estos posibles hechos delictivos, lo cual implica un tiempo para poder establecer e identificar a los responsables. Vamos a establecer si pueden existir delitos como el cohecho o la concusión", dijo Pérez a periodistas.
El caso surge a raíz de las denuncias lanzadas por el legislador Fabricio Villamar, del partido CREO, basado en acusaciones de una ex funcionaria de la Asamblea Nacional, Andrea Utreras, contra una parlamentaria que fue su jefa. Según su asesor, el legislador tiene más de una docena de denuncias documentadas sobre los cobros indebidos; denuncias que fueron entregadas por trabajadores y ex empleados de la Asamblea.
Algunas de estas denuncias se han hecho públicas, y uno de los testimonios reza así: "Mi hijo Juan Pablo Soto trabajó como asistente de un legislador que le pedía 1.000 dólares mensuales de su salario. Él le pagó durante casi 10 años a ese parlamentario, que es presidente de una comisión legislativa. Hace un mes renunció y hoy trabaja con otro legislador que también le pide 800 dólares".