La Fiscalía de Honduras solicita a la CSJ que investigue a 11 diputados y exlegisladores por malversación de fondos

Billetes de dólares
PIXABAY - Archivo
Publicado 12/12/2018 21:35:49CET

   TEGUCIGALPA, 12 Dic. (Notimérica) -

   La Unidad Fiscal contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras solicitó a la Corte Suprema de Justicia que inicie una investigación contra cinco diputados y seis exlegisladores de la Cámara Baja por malversación de unos 900.000 dólares de fondos públicos.

   Este organismo "presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra cinco diputados y seis exdiputados hondureños, entre otros acusados, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras", asegura la Unidad Fiscal un comunicado.

   Esta investigación se llevó a cabo con apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

   La fiscalía y la Maccih presentaron pruebas de que los acusados malversaron unos 879.000 dólares procedentes de la Casa Presidencial, del Congreso y de la Secretaría de Finanzas, que fueron depositados en una cuenta bancaria de la Asociación Planeta Verde para la presunta ejecución de proyectos de interés social.

   "Las pruebas presentadas muestran que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas", indicó la Unidad Fiscal en su informe.

   Los acusados son los diputados Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Jesús Puerto y los exidputados Carlos Humberto Bonilla, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón, Hernán Enrique Videl, Fabricio Puerto y Óscar Arturo Álvarez.

   Los políticos están acusados de haber solicitado en 2015 al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que ordenara a la Secretaría de Finanzas asignar recursos para financiar "proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños, los cuales serían ejecutados en diferentes departamentos del país a través de la organización no gubernamental Asociación Planeta Verde", indica la fiscalía.

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