March 18, 2026, Paris, Ile-De-France (Region, France: The French flag flies above the ÉlysAe Palace during the Cabinet meeting on 18 March 2026 - Europa Press/Contacto/Julien Mattia
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Nacional francesa ha dado 'luz verde' este martes en primera lectura a un proyecto de ley que extiende la duración de la detención administrativa para migrantes irregulares considerados peligrosos después de que una medida similar fuera censurada el pasado mes de agosto por el Consejo Constitucional.
La legislación, presentada por el diputado conservador Charles Rodwell, ha sido aprobada por 345 votos a favor y 177 en contra. El texto tendrá que ser revisado ahora por el Senado en una sesión prevista para mediados de mayo, según han recogido medios franceses.
La medida propone ampliar a siete meses el período máximo de detención para los extranjeros sujetos a una orden de expulsión del territorio francés que hayan sido condenados por delitos graves "con al menos tres años de prisión", entre ellos violación, tortura, secuestro agravado o robo a mano armada.
Esto se produce después de que el Consejo Constitucional francés tumbase una medida similar el pasado agosto, aprobada un mes antes por la Asamblea Nacional, que incluía delitos como el narcotráfico o amenazas a profesores.
La iniciativa parte del diputado Rodwell en respuesta al asesinato de una estudiante cuyo cuerpo fue hallado en septiembre de 2024. El sospechoso, un ciudadano marroquí indocumentado, había sido condenado previamente por violación y puesto en libertad antes de ser internado en prisión preventiva a la espera de su deportación.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha afirmado al respecto que "el asesinato de Philippine Le Noir de Carlan sigue presente" en el país. "Lo que ocurrió es una tragedia. El rol del Estado es proteger a los franceses: la República debe dotarse de los medios para actuar y evitar que esto se repita", ha argüido.
En este sentido, ha señalado que gracias a la ley los perfiles más peligrosos, "que representan una amenaza para el orden público", podrán ser retenidos hasta 210 días para facilitar su expulsión definitiva. "Las obligaciones de abandonar el territorio deben ejecutarse. Sin excepción", ha precisado.