PARÍS, 7 Ene. (DPA/EP) -
El Gobierno de Francia y los sindicatos retoman este martes las negociaciones de cara a concluir con la huelga ferroviaria que desde hace un mes tiene al país galo paralizado debido a la controvertidas reforma de las pensiones planeada por el presidente, Emmanuel Macron.
Las primeras conversaciones después de las vacaciones de Navidad abordarán otra vez la propuesta de reforma laboral que prevé la abolición de los regímenes especiales de sectores como el ferroviario y obliga a trabajar más años y hasta los 64 para conseguir una pensión completa.
La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) ha dejado claro desde un primer momento que esta es una cuestión clave para el sindicato y ha solicitado al Gobierno que retire la cláusula que estipula una pensión máxima sólo en el caso de que se alargue la edad de jubilación en dos años, de 62 a 64.
Los trabajadores del transporte del sector público pueden jubilarse actualmente a los 52 o 57 años, un derecho que se eliminará gradualmente debido a estas reformas.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha ido un paso más allá y ha pedido que se retire todo el plan presentado por Macron y su Gobierno, así como que se lleven a cabo nuevas jornadas de protestas y huelgas para este jueves y este sábado, y bloqueos en las principales refinerías del país desde este martes al viernes.
En cuanto al presidente de Francia, Macron expresó el lunes que esperaba romper este martes la situación de punto muerto en la que se encontraban las negociaciones con los sindicatos, pero advirtió de que el sistema de pensiones debe ser equilibrado y "responsable", de cara a futuras generaciones.
La movilización social deriva de la reforma de las pensiones planteada por Macron, que aspira a unificar los más de 40 esquemas contemplados actualmente por un único marco que, según el presidente, favorecería la igualdad entre los trabajadores.
Entre las preocupaciones expresadas por los sindicatos figura que el cálculo de las pensiones se haga en virtud de los ingresos obtenidos toda la vida laboral y la suspensión de planes de prejubilación para funcionarios como trabajadores del transporte público y personal médico, si bien el Gobierno todavía no ha terminado de concretar su proyecto.
Se prevé que el proyecto de ley se vote en la Asamblea Nacional antes de las elecciones locales de marzo.