BUENOS AIRES, 29 Dic. (Notimérica) -
La fuga este domingo de los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y Víctor Schillaci, condenados en Argentina a cadena perpetua por un triple asesinato cometido en 2008, está adquiriendo tintes políticos que involucran al Kirchnerismo y al narcotráfico.
Para entender las raíces políticas del asunto, es necesario remontarse al 13 de agosto del 2008, cuando los cuerpos de los jóvenes Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, involucrados en el negocio farmacéutico, fueron encontrados sin vida en General Rodríguez, al oeste de la ciudad de Buenos Aires.
Ante la noticia, el gobernador de Buenos Aires en aquel momento, Daniel Scioli, se limitó a declarar que se trataba de un "crimen mafioso". Sin embargo, las posibles connotaciones políticas de la tragedia no tardarían en aparecer.
Durante las primeras investigaciones, las autoridades descubrieron una conexión entre las víctimas y el Gobierno que cambiaría el curso del caso. La empresa farmacéutica Seacamp, perteneciente al fallecido Forza, figuraba en la lista de contribuyentes de la campaña política de Frente para la Victoria, el partido de Cristina Fernández de Kirchner, al que donó 200.000 pesos (más de 15.000 dólares).
No obstante, se descubrió que no se trataba de una participación aislada. De hecho, sus desembolsos representaban el 36 por ciento de los diez millones de pesos (770.000 dólares) declarados como gasto de campaña por el partido kirchnerista.
Estos cobros pusieron en el punto de mira al entonces superintendente de Servicios de Salud y recaudador de dinero para la campaña, Héctor Capaccioli, quien se vio obligado a dejar su cargo por su supuesta implicación en la trama.
A raíz de lo sucedido, nuevas investigaciones revelaron que existían numerosas donaciones irregulares diseñadas para justificar fondos, como las de Global Farmacy, por las cuales fue acusado su dueño Gabriel Brito, quien sostuvo que Frente para la Victoria le obligó a firmar que se trataban de aportes "voluntarios".
No obstante, de los distintos expedientes abiertos para investigar la financiación electoral de Kirchner, únicamente se ha llegado a un veredicto en el caso del triple asesinato.
Los hermanos prófugos fueron condenados como autores materiales del crimen, mientras que Schillaci fue a prisión por ser considerado un partícipe necesario para su realización.
EL CODICIADO TRÁFICO DE LA EFEDRINA
De acuerdo con los informes judiciales, la efedrina sería la sustancia que llevó a la muerte de los tres jóvenes. Este precursor químico, que tiene uso medicinal, es codiciado por carteles mexicanos para la producción de metanfetaminas.
Al parecer, las víctimas mortales querían copar el negocio del tráfico de esta sustancia, cuya importación está prohibida en México.
Según la jueza María Servini de Cubría, en Argentina, entre 2004 y 2008 se importaron 40.975 kilos de efedrina desviados al narcotráfico, con el permiso de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), dirigida por José Granado, un hombre cercano a los Kirchner.
Ante esta trama, Servini de Cubría procesó a Granero como "partícipe en el tráfico". El acusado, por su parte, sostuvo en su defensa que el descontrol durante ese tiempo se debió a la falta de cooperación con las fuerzas federales que Aníbal Fernández supervisaba como ministro de Interior.
Esta opinión fue apoyada por el condenado a prisión perpetua Martín Lanatta, quien acusó a Aníbal Fernández de haber instigado la masacre porque los tres jóvenes asesinados pretendían arrebatarle el negocio del tráfico de efedrina.
ANÍBAL FERNÁNDEZ, INVOLUCRADO
La trama pone de nuevo a Aníbal Fernández en el punto de mira, quien ha sido criticado por la actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por "guardar silencio" tras las críticas recibidas.
En este sentido, Vidal también señaló al Servicio Penitenciario como "cómplice" de la fuga que ha tenido lugar este domingo.
"Está clarísimo, lo digo y lo vuelvo a sostener, que una parte del Servicio Penitenciario fue cómplice para que esto pasara. Sin eso (la evasión) no hubiera sucedido", declaró, según ha informado la agencia estatal argentina de noticias, Télam.
Entre tanto, las autoridades han desplegado a cerca de 600 efectivos de la Policía de Buenos Aires, así como tres helicópteros y efectivos del Grupo Halcón para intentar detener a los fugados. La Interpol está colaborando en dichas tareas.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad bonaerense ha otorgado además custodia policial a los familiares de las víctimas, los fiscales y los abogados del caso, al tiempo que ha ofrecido dos millones de pesos (153.000 dólares) a quien aporte información sobre los prófugos.