MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha presentado sus argumentos ante el Tribunal Supremo para lograr la efectiva suspensión de las clases presenciales en Buenos Aires a raíz del aumento de los casos de coronavirus.
El encargado de presentar dichos argumentos ha sido el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que trata de ampliar los plazos de cara a este martes cuando finaliza el periodo para recurrir la decisión de las autoridades locales, que bloquearon el decreto del presidente, Alberto Fernández.
En un documento de más de 100 páginas, el Gobierno ha defendido su postura para rebatir la decisión del procurador porteño Gabriel Astarloa, que representa a la administración del alcalde Horacio Rodríguez Larreta. Astarloa había objetado el cierre de las escuelas porteñas por considerarlo una decisión "inconstitucional", "arbitraria" e "irrazonable".
"Es evidente que la protección de la salud pública y de la vida justifica la limitación del derecho a circular", ha argumentado sin embargo el equipo de Zannini en el escrito.
Así, ha aclarado que "la restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas".
En el documento oficial, también solicitan que la corte cite a la gobernación bonaerense de Axel Kicillof como "tercero de la intervención obligada". Según Zannini, "cualquier decisión que eventualmente adopte" el tribunal sobre el alcance del decreto "tendrá efectos ineludiblemente, de una u otra manera, sobre la esfera de la provincia de Buenos Aires".
Para el Gobierno, si el decreto se dejara sin efecto afectaría a la provincia. "De ese modo aumentaría la circulación entre las jurisdicciones involucradas y, por lo tanto, se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios poniendo en riesgo así la salud de la población y el sistema sanitario no solo de Buenos Aires sino también de la provincia", ha expuesto el Gobierno, según el diario 'Clarín'.
Las autoridades locales, no obstante, insisten en que el decreto para prolongar la suspensión de las clases presenciales viola la autonomía de la ciudad, no responde a la "razón" y viola el principio de "supremacía federal" según el cual se declara la supremacía de la Constitución sobre todo el orden jurídico argentino.