Publicado 11/11/2021 15:57CET

El Gobierno boliviano reemplaza a varios comandantes de la Policía por el "uso desmedido de la fuerza" en las protestas

Archivo - 23 September 2021, Bolivia, La Paz: Coca leaf producers take part in a protest near the market controlled by their association. They have lost it to a rival group supported by the government. The struggle for control of the coca leaf market in L
Archivo - 23 September 2021, Bolivia, La Paz: Coca leaf producers take part in a protest near the market controlled by their association. They have lost it to a rival group supported by the government. The struggle for control of the coca leaf market in L - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha reemplazado a los comandantes de la Policía de varios departamentos como consecuencia de un "uso desmedido de la fuerza" en el marco de las protestas que se registran a lo largo del país, en las que el pasado martes falleció una persona.

El portavoz de la Presidencia boliviana, Jorge Richter, ha confirmado "cambios", ya que "algunos elementos han generado molestia en el Gobierno" ya que ha existido "un uso desmedido de la fuerza por encima de las órdenes que se han establecido" en relación con la actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, ha indicado en una entrevista en la cadena Red PAT.

Los cambios en la dirección departamental de la Policía se han dado en Oruro, Tarija, Potosí y Chuquisaca. En el caso de Potosí, donde el martes murió un hombre en el marco de los enfrentamientos registrados entre la Policía y los manifestantes, Bernardo Isnado reemplazará a Juan Carlos Mercado. Isnado, en sus primeras declaraciones en el cargo, ha hecho un llamamiento a la paz.

El presidente boliviano, Luis Arce, ha instado, por su parte, los nuevos generales de la Policía a "defender la democracia" ante acciones que puedan ser consideradas como "sediciosas".

Las protestas han sido convocadas por la oposición en un "paro indefinido" que arrancó el pasado lunes con la intención de exigir al Ejecutivo la derogación de la ley contra el blanqueo de capitales aprobada recientemente, entre otras demandas contra la Administración de Arce.

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