Publicado 13/02/2024 06:52

El Gobierno de Colombia acusa de "deslealtad" al ELN tras el paro armado días después de la prórroga el alto el fuego

Archivo - Otty Patiño, alto comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia.
Archivo - Otty Patiño, alto comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia. - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alto comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia, Otty Patiño, ha lamentado la "deslealtad" del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al anunciar un paro armado la semana pasada, apenas unos días después de la prórroga del alto el fuego acordada en la sexta ronda de negociaciones en La Habana.

"La declaración del paro armado del Frente de Guerra Occidental del ELN es una deslealtad con los acuerdos (...), amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias", ha afirmado en un comunicado.

La guerrilla anunció el pasado viernes el inicio de un paro armado por tiempo indefinido en varias municipios del departamento de Chocó debido a la presencia de fuerzas paramilitares.

A su vez, el ato comisionado ha aprovechado también para denunciar que otro de los grupos con los que negocia la paz el Gobierno, la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, ha estado cometiendo todo tipo de irregularidades en otros municipios de Nariño, Cauca y Valla del Cauca.

Así, ha recordado que el objetivo de "territorializar la paz" es construir el Estado de derecho en aquellos territorios que durante décadas han sido atrapados por las economías ilegales debido al abandono del Estado.

"Las negociaciones y acuerdos con grupos armados deben ser protegidos por la fuerza pública, y su plena implementación por las partes debe evitar que estos territorios sean copados por otros grupos que persisten en la violencia y la ilegalidad", ha apuntado el alto comisionado.

Patiño ha advertido de que el alto el fuego "no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población" y de que las fuerzas de seguridad del Estado cuentan con la capacidad y el deber de actuar eficazmente para prevenir este tipo de acciones.