BOGOTÁ, 9 nov (Reuters/Notimérica) -
El Gobierno de Colombia evalúa alternativas para implementar un tribunal especial que juzgue a los antiguos comandantes de las FARC y militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad en medio del conflicto armado, ante la lentitud y la resistencia del Congreso para aprobar esa jurisdicción, dijo el jueves el ministro del Interior.
La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerada clave para implementar el acuerdo que se firmó hace un año con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
Pero el Congreso en medio de debates y dilaciones ha aplazado en las últimas dos semanas la discusión y la aprobación de la JEP que hace parte del acuerdo que permitió que más de 7.000 combatientes de las FARC dejaran las armas y conformaran un partido político.
"Estamos evaluando todas las alternativas posibles, estamos haciendo un análisis de constitucionalidad de todas las alternativas posibles", dijo a periodistas el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sin entregar más detalles.
De acuerdo a algunos congresistas, una alternativa sería declarar un estado de emergencia que le permitiría al Gobierno legislar, pero de acuerdo con expertos esa figura podría ser declarada ilegal por la Corte Constitucional.
La JEP también permitirá comparecer a civiles que hayan tenido participación en el conflicto por financiar a grupos armados ilegales como los escuadrones paramilitares.
El plazo para aprobar la jurisdicción especial de paz y otras normas claves para implementar el acuerdo vence el 30 de noviembre, pero las mayorías del presidente Juan Manuel Santos en el Congreso están disminuidas después de que el partido Cambio Radical, del exvicepresidente y actual candidato presidencial Germán Vargas Lleras, manifestó objeciones al tribunal y se retiró de la coalición de gobierno.
Analistas aseguran que no aprobar la JEP podría dejar en el limbo el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC que ya anunciaron su intención de participar en las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, pese a que los críticos como el expresidente Álvaro Uribe exigen que los antiguos jefes guerrilleros primero respondan por sus crímenes ante los tribunales.