BOGOTÁ, 15 Mar. (Notimérica) -
El Gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) discrepan en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, ha insistido en que la Ley debe ser sancionada con urgencia, mientras que el Gobierno acusa al funcionario de injerencia indebida y lo considera una "falta de respeto".
"La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP", fueron las palabras de Brunori durante la entrega del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU de Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018 este jueves.
"En relación con la declaración emitida el día de hoy por el señor Brunori, señalando que el presidente debe sancionar de inmediato y sin dilaciones la Ley Estatutaria que ha sido objetada, me permito aclarar de manera enfática que esa declaración no coincide con lo expresado por el Secretario General en la reunión que sostuvimos hace dos días con el Canciller", ha manifestado el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto.
Asimismo, Fernández de Soto acusa a Brunori de decirle al presidente Iván Duque lo que debe hacer por encima del respeto al Estado Social de Derecho.
Ante las objeciones de Duque a la Ley Estatutaria, la ONU ha hecho un llamamiento al respeto de la seguridad jurídica de los exguerrilleros que ahora están en la legalidad y quienes se hayan acogido de forma voluntaria a la JEP. El próximo lunes el Congreso comenzará a estudiar las objeciones de Duque.
El pasado martes, más de cien personas, entre ellas antiguos miembros de las delegaciones de paz de Gobierno y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), enviaron una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que expresaron su "profunda preocupación" por las objeciones que el presidente hizo a la JEP.
Ante esto, el miércoles el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, viajó a Nueva York para explicar las consecuencias e implicaciones de las objeciones.
"Le expliqué muy en detalle nuestra estructura institucional, en el sentido de que se trata de una facultad que tiene el Presidente. Su propósito es que el Congreso debata sobre los artículos que fueron objetados para que tomen finalmente las decisiones que correspondan", declaró Trujillo tras el encuentro.
El mismo día, se conoció la decisión de la Corte Constitucional respecto a la Ley de Procedimiento de la JEP, aclarando que el organismo tiene potestad para pedir pruebas en expedientes para definir las garantías de no extradición de los exguerrilleros.