CIUDAD DE MÉXICO, 5 sep (Reuters/Notimérica).-
El Gobierno mexicano habría desviado cerca de 8.000 millones de pesos entre el 2013 y el 2014 a través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos por no tener infraestructura ni estar legalmente establecidas, se ha informado este lunes a través de un informe.
Una investigación llevada a cabo por la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el medio digital 'Animal Político' se ha realizado tras la revisión de las cuentas públicas de 11 dependencias del Gobierno, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banco Nacional de Obras (Banobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
'La Estafa Maestra', como se ha denominado en el informe al desvío, "hizo entrega de 7.670 millones de pesos en contratos ilegales", indica. En la medida habrían "participado 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios", agrega el documento.
Por otro lado, el informe señala como responsables de algunos de estos desvíos a dependencias como Sedesol durante la gestión de Rosario Robles, quien actualmente es secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Otra institución que habría participado en el desvío sería Banobras durante la administración del entonces representante Alfredo del Mazo, quien actualmente es gobernador electo del Estado de México, que rodea la capital nacional.
"Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas", sostiene el informe.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, reportaba que esos contratos eran ilegales, de acuerdo al informe.
Tras darse a conocer éste, la ASF ha indicado en un comunicado que en su momento notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de acciones para atender y solventar estas y otras observaciones.
La ASF ha precisado además que inició un procedimiento de responsabilidades administrativas contra 10 servidores públicos de tres dependencias mencionadas en el informe y que también se investiga a otros 40.
México ha estado en la mira incluso de organismos internacionales por numerosos escándalos de corrupción que han llevado a exgobernadores y otros funcionarios a la cárcel.