MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Filipinas ha defendido este jueves la ley antiterrorista y ha señalado que las partes designadas por el Tribunal Supremo como inconstitucionales son "mínimas" y no afectan a la normativa.
El ministro del Interior, Eduardo Año, ha matizado así que, si bien el Gobierno respeta la decisión del tribunal, la ley "al completo es constitucional a excepción de dos pequeñas partes", tal y como indica el Supremo.
En una rueda de prensa, ha asegurado que el Gobierno realizará los "ajustes necesarios" para que la ley pueda ser implementada, según informaciones del portal de noticias Rappler.
"Haremos los ajustes apropiados, pero trataremos de sacar adelante esta normativa para proteger al pueblo contra actos de terrorismo", ha insistido Año. Horas antes, la mayoría de los magistrados del Supremo declaró que algunos pasajes del texto resultaban inconstitucionales, aunque avalaron la legislación en su conjunto a pesar de que ha sido cuestionada como posible instrumento de persecución política contra disidentes y opositores al presidente, Rodrigo Duterte.
El Supremo ha dictaminado en una sesión este jueves que el artículo 4 y un párrafo de la sección 25 de la mencionada ley son "inconstitucionales". En concreto, el artículo 4 establece que el terrorismo no incluye la promoción, la protesta, la disidencia, la interrupción del trabajo y otros ejercicios similares de derechos civiles y políticos.
No obstante, hay un matiz que marca que la disidencia no se considera terrorismo "siempre que no tenga por objeto causar la muerte o un daño físico grave a una persona, poner en peligro la vida de una persona o crear un riesgo grave para la seguridad pública". Así, el Supremo ha señalado que esta última indicación es inconstitucional por "exagerar y violar la libertad de expresión".
Duterte firmó en julio de 2020 la ley antiterrorista, cuyos críticos, entre ellos la ONU y la ONG Humanos Human Rights Watch, denunciaron como posible instrumento de persecución política, especialmente contra los musulmanes filipinos que residen en la región de Mindanao, uno de los focos del conflicto armado en el país.