Publicado 14/12/2022 12:45

El Gobierno de Japón pide a la Iglesia de la Unificación presentar documentos sobre antiguos casos de irregularidades

El primer ministro japonés, Fumio Kishida.
El primer ministro japonés, Fumio Kishida. - Pool/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha pedido este miércoles a la Iglesia de la Unificación, un grupo religioso que ha estado en el centro de una polémica por sus vínculos con el partido gobernante y por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, que entregue una serie de documentos sobre antiguos casos de irregularidades en su contra.

Se trata de la segunda vez que las autoridades solicitan este tipo de documentación al grupo a medida que investiga sus controvertidas operaciones después de que el asesino confeso de Abe, Tetsuya Yamagami, señalara como motivo del asesinato la supuesta implicación del ex primer ministro en el establecimiento en el país de la secta, a la que acusa de haber llevado a su familia a la bancarrota.

Ahora, la ministra de Cultura nipona, Keiko Nagaoka, ha solicitado a la organización documentos sobre más de una veintena de demandas civiles presentadas contra el grupo y que salieron adelante por considerar que la Iglesia de la Unificación era responsable de prácticas ilegales a la hora de recabar donaciones y seguidores, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo.

La supuesta mala praxis de la organización ha estado en el punto de mira de las autoridades tras el asesinato de Abe el pasado mes de julio. La pesquisa anterior también incluía documentos de la organización que se remontaban a 2009 y en los que se comprometía supuestamente a ejercer una mayor transparencia y evitar solicitar donaciones a cambio de "alejar el mal karma".

Ahora, el Gobierno ha dado un plazo hasta el 6 de enero a la iglesia para que presente los datos requeridos. Si la investigación confirma que ha violado la legislación actual y ha dañado el bienestar público, las autoridades pueden solicitar su disolución, por lo que se le retiraría el estatus de corporación religiosa pero podría seguir operando.