MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Iván Duque ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cancele una audiencia programada para el próximo jueves a petición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esgrimiendo que la justicia transicional diseñada por el acuerdo de paz no tiene competencia para acudir a instancias internacionales.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la CIDH la cancelación de la audiencia pública 'Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia' prevista para el 9 de mayo", ha dicho en un comunicado la Cancillería que dirige Carlos Holmes Trujillo.
La diplomacia colombiana ha esgrimido que "la JEP es una institución del Estado colombiano con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución o en las leyes".
"De conformidad con el artículo 189 de la Constitución y demás normas concordantes, le corresponde únicamente al presidente de la República el direccionamiento de las relaciones internacionales", lo cual incluye "la representación e interlocución del Estado ante los organismos internacionales", ha indicado.
No obstante, Trujillo ha reiterado "el compromiso irrestricto del Estado colombiano con respecto al funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", creado por el acuerdo de paz y del que forma parte la JEP.
Así, ha asegurado que "el Estado colombiano (...) continuará honrado sus compromisos y mantendrá su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz y a las restantes instancias e instrumentos creados mediante la implementación normativa del Acuerdo Final suscrito con las FARC".
Además, ha informado de que el Gobierno enviará una delegación de alto nivel para participar en las siete reuniones de trabajo y tres audiencias públicas convocadas por la CIDH "para examinar diferentes situaciones de Derechos Humanos" en Colombia, en el marco de su 172 período ordinario de sesiones, que se celebra en Kingston desde el 3 de mayo.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, ha respondido este lunes que la JEP si tiene la potestad de comparecer ante la CIDH "porque la capacidad jurídica la tienen también las entidades estatales no gubernamentales", y así se lo ha comunicado a Trujillo en una conversación telefónica.
"En febrero del año pasado estuvo la Comisión Interamericana en Bogotá, nos visitó, nos reunimos y acordamos avanzar en el diseño de un convenio de cooperación técnica (...) porque la experticia de la CIDH seguramente va a ayudar mucho al trabajo que nosotros tenemos que realizar", ha recordado.
Linares ha asegurado a RCN Radio que la JEP acudirá al encuentro de la CIDH para entregarle un informe con los retos a los que se enfrenta el tribunal de paz.
POLÉMICA SOBRE LA JEP
La JEP es la justicia transicional creada por el acuerdo firmado en 2016 por el Gobierno y las FARC para juzgar a los máximos responsables de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado. Ofrece sanciones alternativas y penas de cárcel menores a cambio de confesiones.
El presidente colombiano, Iván Duque, realizó en marzo una serie de objeciones a la ley estatutaria de la JEP, fundamental para su puesta en marcha, que fueron rechazadas por la Cámara de Representantes y se saldaron con un empate en la votación del Senado, lo cual deja la decisión en manos de la Corte Constitucional.
La ONU, ONG y los negociadores del Gobierno y las FARC en el diálogo de paz, entre otros, han expresado su preocupación por el veto de Duque a lo que consideran una norma clave para el correcto funcionamiento de la JEP, uno de los pilares del acuerdo de paz.