MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de México ha puesto en marcha un dispositivo de protección para garantizar la seguridad de los candidatos a las elecciones federales previstas para el próximo mes de junio.
Ante los numerosos ataques sufridos por los aspirantes, el Gobierno ha decidido implementar una estrategia para protegerlos y lograr, así, que los comicios se celebren de forma "limpia" y "libre", tal y como ha indicado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
"Un plan para darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses", ha manifestado.
En una rueda de prensa, el presidente ha aseverado que dicha protección será voluntaria y que solo aquellos que lo deseen la recibirán. En este sentido se garantizará, además, que no se produce una intromisión por parte de las Fuerza Armadas en el proceso electoral, según informaciones del diario 'Milenio'.
Dicho plan funcionará bajo las instrucciones de los organismos electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, López Obrador ha hecho un llamamiento a los candidatos para actuar "con firmeza, con aplomo" y ha recordado que "la libertad no se implora, se conquista".
El Gobierno central, ha explicado, se coordinará con los gobiernos estatales para actuar de manera conjunta "para proteger a los candidatos y que las elecciones sean libres y limpias".
En este sentido, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, ha destacado que el plan de protección es un operativo conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Consejería, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Centro Nacional de Inteligencia.
"El tema que más ocupa es el instruido por el presidente, respecto a prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco", ha aseverado.
Los datos del Gobierno muestran que desde septiembre de 2020 a febrero de 2021 se presentaron 73 delitos contra precandidatos y aspirantes. De estos, 64 fueron víctimas de homicidio. Asimismo, más de la mitad de violencia política se han concentrado en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.