MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nicaragua ha liberado este lunes a otros 50 presos políticos, conforme a la ley de amnistía aprobada el pasado fin de semana, si bien la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia insiste en que aún hay disidentes encarcelados.
"La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, el lunes 10 de junio de 2019, ha puesto en libertad a 50 personas (detenidas) por delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública", ha anunciado el Ministerio de Gobernación en un comunicado en el que ha detallado el nombre de los excarcelados.
Gobernación ha indicado que, "por decisión unilateral del Gobierno", la liberación se ha producido bajo la supervisión del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), que lo ha confirmado en un comunicado propio y ha avanzado que en los próximos días contactará con estas 50 personas para "ofrecerles orientación sobre su situación".
El Ejecutivo "continúa preparando la liberación de presos por estos delitos", ha señalado. Según la Alianza Cívica, las autoridades nicaragüenses aún debe excarcelar a unos 180 de los 250 presos pactados por las partes.
El Ministerio ha puntualizado además que esta última tanda de liberaciones ha sido posible gracias a la ley de amnistía que fue aprobada el pasado sábado y que ha entrado en vigor este lunes. El perdón abarcará a todas "las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018".
La Alianza Cívica ha rechazado la ley de amnistía porque considera que es solo una forma de "garantizar la impunidad para paramilitares y policías que participaron en la represión contra la población que protestaba y justificar la liberación de presos políticos.
En la misma línea, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha mostrado su preocupación por esta ley, ya que "podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de Derechos Humanos" cometidas durante las protestas.
"La pareja presidencial Ortega-Murillo extorsiona a los nicaragüenses con la ley de amnistía", ha dicho, por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco. "El mensaje es claro: si quieren libertad de los presos políticos, deben permitir (...) la impunidad de los represores", ha denunciado.
CRISIS POLÍTICA
La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 150 bajo la modalidad de "casa por cárcel", sin contar con los 50 de este lunes.