GUATEMALA, 25 Jun. (EP/AP) -
Activistas de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos protagonizaron hoy una manifestación en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien se encuentra en Guatemala para interrogar a testigos y acusados por el genocidio cometido contra la población maya en la década de los años ochenta.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala aceptó el viernes un recurso contra las diligencias judiciales que el juez español iba a iniciar la próxima semana en el país centroamericano, de modo que quedaban suspendidas por "tiempo indefinido".
La manifestación de hoy tuvo lugar frente a la Embajada de España en Guatemala, donde medio centenar de activistas entregaron un comunicado suscrito por 102 organizaciones locales de defensa de los Derechos Humanos.
Los activistas pidieron al juez Pedraz que si los interrogatorios no pueden llevarse a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia guatemalteco, constituya el Tribunal en la Embajada de España.
"Está el Tribunal Primero de la Audiencia Nacional española en Guatemala. Están los secretarios y el juez, por eso simplemente puede pedir a la Embajada que se convierta en sede judicial y se hagan allí las audiencias", explicó el director de la asociación Memoria, Verdad y Justicia, Gustavo Meoño.
De acuerdo con Meoño, dado que el proceso se sigue en España, las decisiones judiciales guatemaltecas sólo afectan el lugar donde se hagan las diligencias. "Pero se les puede tomar declaración a los testigos e invitar a los acusados a que hablen, tal como lo podrían hacer en España", aseguró.
Pedraz llegó ayer a Guatemala y mañana lunes tenía previsto comenzar una serie de audiencias en las que, durante seis días, interrogaría a testigos y a seis de los ocho ex altos cargos o militares acusados de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas, procesados por la Audiencia Nacional en virtud de una querella presentada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. También están implicados en el asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala en enero de 1980, donde murieron 36 personas.
Uno de los acusados, el general y ex presidente Romeo Lucas (1978-1982) murió en mayo y otro, el ex ministro de Gobernación Donaldo Alvarez, está desaparecido. Además, están acusados los ex presidentes Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores; los generales Aníbal Guevara y Benedicto Lucas; y los jefes policiales Germán Chupina y Pedro García Arredondo.
Uno de los abogados de Mejía Víctores calificó las audiencias de "parciales" en favor de los movimientos de izquierda. Según una comisión de la verdad promovida por Naciones Unidas, el Ejército fue responsable del 95% de las violaciones a los Derechos Humanos de la población durante la guerra civil en Guatemala.