La organización pide al Gobierno que deje de "lavarse las manos" y actúe
CIUDAD DE GUATEMALA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los desalojos de las comunidades rurales y la violación de los Derechos Humanos de los campesinos continúan siendo prácticas comunes en Guatemala como forma de solución al conflicto agrario a falta de la existencia de un marco legal para regular el problema, según denunció hoy la organización Amnistía Internacional (AI).
Según un informe elaborado por AI y dado a conocer hoy, en el contexto de los conflictos agrarios, que constituyen una de las heridas de guerra aún abiertas en la pequeña nación centroamericana, se cometen desalojos forzados, violencia y discriminación que recae sobre la población rural e indígena empleada en el sector.
Por ello, AI pide al Gobierno de Guatemala, encabezado por Oscar Berger, que tome cartas en el asunto y ponga fin a los desalojos violentos, así como que las autoridades dejen de "lavarse las manos" de toda responsabilidad en relación con los derechos de trabajadores e indígenas. En este sentido, el director del Programa Regional de AI para América Latina, Javier Zúñiga, recordó, que las autoridades si responden "enérgicamente" a las demandas de "finqueros ricos".
El problema de la tierra surge cuando los campesinos ocupan tierras como medio de protesta por despidos o para pedir la mejora de sus derechos laborales, así como para plantear la cuestión de la propiedad de la tierra. Es entonces cuando se producen los desalojos violentos, que, según Zúñiga, desde la llegada de Berger a la presidencia en 1994 se han cometido "con toda impunidad".
"Se ha hecho caso omiso de los abusos a los Derechos Humanos", puntualizó el director, quien hizo hincapié en la destrucción de hogares, la falta de garantías para los afectados y los homicidios cometidos a raíz de este problema.
EL GOBIERNO NO ACTÚA
Según los Acuerdos de Paz de 1996, que pusieron fin a una guerra civil que se extendió durante más de 36 años, el Gobierno se comprometía a implantar medidas concretas para solventar la crisis de la tierra y garantizar los derechos de los trabajadores. A una década de dicho acuerdo, las medidas aún no han llegado, pese a que el Gobierno recibe ayudas desde España, Noruega, Canadá, Finlandia, Suecia, Japón y Estados Unidos que deben dedicarse a llevar a cabo lo establecido en el Tratado de Paz.
Según la cifras oficiales, el Gobierno reconoce que a fecha de diciembre de 2005, continuaban sin resolverse 12052 conflictos agrarios. En 2004 se habían registrado 911, por lo que la situación parece ir en aumento.
"Haciendo caso omiso de los compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz, las autoridades guatemaltecas están perdiendo una oportunidad fundamental de garantizar una solución duradera a la crisis de las tierras", manifestó Zúñiga.
El informe además recoge casos concretos de desalojos forzosos, entre ellos el de 90 familias indígenas que en 2004 quedaron sin hogar tras ser expulsados de unas tierras que habían ocupado en lo que consideraban un indemnización justa por su despido. Tras ser desalojados, continúan a día de hoy esperando dicha indemnización.