MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha asegurado que la comparecencia ante los tribunales del exdictador José Efraín Ríos Montt supone una "oportunidad histórica" para que se haga justicia y ha recordado que "casi la mitad" de las violaciones de Derechos Humanos perpetradas durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala se perpetraron en la época en que el antiguo militar comandaba el Ejército y gobernaba 'de facto' el país.
"Treinta años después de llegar al poder", el general retirado José Efraín Ríos Montt comparecerá este jueves ante un tribunal penal de la Ciudad de Guatemala, que decidirá si será juzgado por los actos de genocidio cometidos en la época en que "tenía la responsabilidad de mando" y en que gobernaba 'de facto' el país, entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
"Mientras estuvo en el poder se cometieron masacres, sobre todo en poblados indígenas mayas de las zonas rurales del país, como parte de la política militar de 'tierra quemada' del Gobierno y en el contexto de un sangriento conflicto armado interno que duró 36 años", recordó AI.
"Ha tardado tres décadas, pero esta comparecencia judicial ofrece por fin un atisbo de esperanza a las miles de víctimas y familiares de víctimas de que finalmente se va a cuestionar la impunidad por algunas de las peores atrocidades cometidas en la guerra civil de Guatemala", declaró el investigador de Amnistía Internacional sobre Centroamérica, Sebastian Elgueta.
"Las autoridades guatemaltecas no deben perder esta oportunidad histórica de revelar la verdad, así como de sentar las bases para que se haga justicia y se conceda una reparación a las decenas de miles de víctimas", prosiguió.
La comisión de la verdad respaldada por la ONU, que informó de sus conclusiones en 1999, declaró que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala perdieron la vida o desaparecieron alrededor de 200.000 personas y que las fuerzas de seguridad cometieron más de 600 masacres, sobre todo en comunidades rurales e indígenas.
El caso contra Ríos Montt, que tiene actualmente 85 años, forma parte de una causa penal iniciada en 2001 contra varios exoficiales del ejército por la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que representa a cientos de víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el conflicto. Ríos Montt siempre ha negado los cargos.
LA MITAD DE LAS VIOLACIONES DE DDHH
Según la comisión de la verdad respaldada por la ONU, casi la mitad de todas las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante los 36 años de conflicto armado se perpetraron en 1982. El general Ríos Montt gobernó 'de facto' del país durante nueve meses de aquel año.
A los tres meses de llegar al poder, el 1 de julio de 1982, el Gobierno declaró el estado de sitio en varias regiones de las que sospechaba que albergaban a grupos armados de la oposición. Esto permitió que el Ejército detuviera y recluyera a personas sin cargos, requisara viviendas y vehículos particulares y entrara legalmente en viviendas y oficinas al amparo de la noche, según AI.
En este contexto, Amnistía Internacional documentó violaciones generalizadas de Derechos Humanos que equivalían a crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, a manos de las fuerzas armadas de Guatemala y de quienes las apoyaban organizados en 'patrullas de autodefensa civil' armadas.
"Las masacres de poblados enteros de indígenas no combatientes fueron habituales, y las tropas torturaron a menudo a los habitantes, incluyendo la violación de mujeres y niñas, antes de matarlos sistemáticamente", recordó Amnistía.
Como comandante en jefe del Ejército guatemalteco durante 1982 y 1983, Ríos Montt era la máxima autoridad de la cadena de mando. Según el Derecho Internacional, recordó la organización, las personas con responsabilidad de mando pueden ser consideradas responsables penales de las violaciones graves de Derechos Humanos cometidas por sus subordinados.