Actualizado 04/07/2006 17:05:24 +00:00 CET

Guatemala.- La Comisión Internacional de Juristas critica el fallo que impidió al juez español interrogar a Ríos Montt

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) criticó hoy el fallo del Tribunal Constitucionalidad de Guatemala que impidió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraza interrogar al ex dictador Efraín Ríos Montt por los delitos cometidos contra españoles durante el conflicto armado que vivió el país en los años ochenta.

"Sin duda es otra oportunidad perdida en la lucha contra la impunidad en Guatemala", manifestó el secretario general de la CIJ, Nicholas Howen, en un comunicado remitido a Europa Press, en el que insistió en la obligación del Estado guatemalteco de investigar y castigar a los autores de graves violaciones de Derechos Humanos.

Asimismo, recordó que ante la impunidad en que se mantienen estos graves crímenes y la ausencia de procesos judiciales efectivos contra sus autores, los familiares de las víctimas recurrieron a tribunales extranjeros para que conocieran los casos, dando lugar al juicio abierto en la Audiencia Nacional española.

"El Estado guatemalteco tiene la obligación internacional de cooperar con los procesos judiciales iniciados por los tribunales españoles por estos graves crímenes. Al no hacerlo, Guatemala continúa incumpliendo flagrantemente su obligación de combatir la impunidad", añadió Howen.

El juez Pedraz investiga desde hace tiempo el asesinato de cuatro sacerdotes españoles durante el asalto militar a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas. El magistrado viajó hace dos semanas a Guatemala para interrogar al ex dictador pero finalmente no pudo hacerlo.

El motivo fue que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala aceptó un recurso contra las diligencias judiciales que el juez Pedraz iba a realizar que quedaron suspendidas "por tiempo indefinido", según declaró entonces Jorge Arauz, secretario del citado tribunal y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, el juez tenía previsto interrogar a otros cinco altos cargos por delitos de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas, en virtud de una querella presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú; así como por el asalto y la quema de la Embajada de España en Guatemala en enero de 1980.

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