MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de Guatemala, Pedro Gálvez, ha anunciado que presentará una denuncia penal contra el ministro de Exteriores, Fernando Carrera, por las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de extradición del ex presidente Alfonso Portillo a Estados Unidos.
Gálvez ha explicado que, tras recabar informes y hablar con funcionarios del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Exteriores, del Hospital Militar y de la Procuraduría de Derechos Humanos, se han detectado algunas irregularidades en el proceso de extradición.
"El canciller Carrera afirmó, bajo juramento, que Estados Unidos tenía que decirle a qué hora y cuándo vendrían a por Portillo, pero hay cartas donde él mismo firma indicando que el ex presidente está a disposición, porque ya no tiene nada pendiente", ha detallado.
Además, ha indicado que "el Instituto Nacional de Ciencias Forenses recomendó no mover a Portillo, a menos que sea a otro hospital, ya que su estado de salud era delicado, pero la Cancillería hizo las preguntas de tal forma que las respuestas a conveniencia de sus pretensiones".
Gálvez ha revelado que la Comisión Legislativa está sopesando denunciar penalmente a otros servidores públicos, entre ellos la viceministra de Exteriores, Rita Claverí, según ha informado el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.
La Comisión Legislativa presentará estas denuncias penales la próxima semana, ya que comenzarán a redactarse este mismo miércoles, al término de la sesión parlamentaria. Será entonces cuando se concreten los supuestos delitos cometidos.
Portillo (2000-2004) fue extraditado el pasado 24 de mayo a Estados Unidos, donde se le acusa de blanquear 70 millones de dólares (52 millones de euros) procedentes del Tesoro de Guatemala, a través de bancos ubicados en el país norteamericano.
LARGO PROCESO
La extradición de Portillo a Estados Unidos estaba pendiente desde agosto de 2011, cuando la Corte Constitucional de Guatemala lo autorizó con la única condición de que el país norteamericano respetase las garantías procesales.
El último escollo se salvó el pasado mes de abril, cuando la Sala Tercera de Apelaciones de la Corte Suprema absolvió a Portillo por el supuesto desvío de 120 millones de quetzales (11,7 millones de euros) del Ministerio de Defensa en el año 2001.
Esta decisión judicial tenía una cara y una cruz para el ex mandatario, ya que por una parte le declaraba inocente de la comisión de un delito en Guatemala, pero por otra dejaba vía libre a su extradición a Estados Unidos.
Los abogados de Portillo trataron hasta el último momento de frenar el traslado del ex jefe de Estado, incluso presentaron un recurso de 'habeas corpus' tras conocer la orden gubernamental de extradición.
El abogado Fernando Guerra ha considerado "ilegal" la extradición y ha acusado al Gobierno de actuar al margen de la ley porque todavía hay peticiones pendientes y hasta el 9 de junio no vencía el plazo para presentar un recurso de amparo contra el fallo de la Corte Suprema.
En respuesta, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla aclaró que la orden de extradición se enmarca en un procedimiento "absolutamente administrativo" y no político que cumple con lo acordado por el Gobierno de Álvaro Colom (2008-2012).