MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Guatemala ha reactivado la Comisión de la Verdad para investigar la actuación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante su mandato, que finalizó el pasado mes de septiembre tras 12 años, a pesar de la orden del Tribunal Constitucional de suspender sus trabajos.
La Comisión de la Verdad se creó el pasado 24 de septiembre con una votación en el pleno del Congreso que se saldó con 82 votos a favor y seis en contra. Sin embargo, la decisión legislativa fue recurrida por el Ministerio Público, entre otros, por considerar que vulnera la separación de poderes.
"Va más allá de un simple ataque a un grupo de fiscales o a un fiscal o a una comisión, sino que trastoca a todo el sistema de justicia y la separación de poderes", esgrimió el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
La Corte Constitucional se pronunció el 7 de octubre a favor del recurso de amparo presentado por la FECI y sus socios en esta acción al detectar ciertas incongruencias en el acuerdo legislativo que alumbró la Comisión de la Verdad.
El Congreso adoptó el lunes un nuevo acuerdo legislativo para reactivar este equipo de investigación. Estará dirigido por el presidente del Parlamento, Álvaro Arzú, que contará con el apoyo de otros tres diputados.
Este nuevo acuerdo legislativo podría ser una nueva fuente de problemas porque se ha adoptado sin el aval del pleno del Congreso y no se ha publicado en el diario oficial, según informa el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.
Arzú se ha apoyado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que en caso de urgencia permite al presidente del Congreso crear comisiones específicas o encargar determinadas funciones a uno o más diputados.
De momento, ha permitido retomar las audiencias. Así, ya ha comparecido Edwin Emanuel Rivera, antiguo miembro del Comando Antisecuestros que estuvo en prisión provisional tres años y, según denunció, recibió presiones de la CICIG para que ejerciera de "colaborador eficaz" en un caso.
La CICIG terminó su mandato el 3 de septiembre tras la decisión del presidente saliente, Jimmy Morales, de no renovar su mandato, algo que hasta ahora se había producido casi de forma automática por acuerdo del Gobierno y de Naciones Unidas.
Nació en 2007 gracias con el objetivo de ayudar al Estado a investigar los crímenes de "las fuerzas de seguridad ilegales y las organizaciones de seguridad clandestinas", en el marco de las leyes y la Constitución de Guatemala pero con recursos internacionales y de forma independiente.
Morales fue uno de sus principales valedores durante la campaña electoral que lo catapultó a la Presidencia, pero comenzó a distanciarse de la CICIG cuando dirigió sus investigaciones contra él, su hermano y su hijo por presuntas corruptelas.