MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), han pedido este domingo respetar la voluntad del pueblo guatemalteco después de las acciones de la Fiscalía del país centroamericano.
En un comunicado conjunto, los cuatro países han expresado "su profunda preocupación por las intervenciones reiteradas de la Fiscalía de la República de Guatemala, las cuales van en detrimento directo de la independencia de poderes y de la clara voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía de ese hermano país".
"El allanamiento y decomiso de actas electorales (...) representan un nuevo intento injustificado de cuestionamiento y deslegitimación al proceso democrático electoral", reza dicho comunicado, que subraya que "es esencial que se respete la voluntad del pueblo" y se garantice la transición "pacífica" que ha de culminar con la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo.
Así, la ADD ha hecho un llamamiento a las autoridades "para que cesen las acciones que atentan contra la separación de poderes, el Estado de derecho, la autonomía de la autoridad electoral y la integridad de los comicios", haciendo hincapié en que las misiones de observación electoral han manifestado "de manera unísona que ambos comicios fueron íntegros, libres y justos".
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dependiente del Ministerio Público, registró el viernes la sede del TSE, donde incautó las actas de las elecciones presidenciales, acción que ha provocado el rechazo de diversas organizaciones civiles, desde la Conferencia Episcopal a cantones comunales indígenas, que han pedido la dimisión de los responsables, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana; así como de Estados Unidos o España.
Desde que el Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.