Solicitan la intervención de la comunidad internacional para poner coto a los crímenes de Estado que se cometen en países de Hispanoamérica
VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Defensores de los Derechos Humanos en distintos países de América Latina han coincidido hoy en que la anulación por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala de la sentencia de 80 años de cárcel dictada contra el exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, por genocidio y crímenes de guerra, deja en una situación de "mayor vulnerabilidad" a las personas que defienden los intereses de los pueblos indígenas y denuncian el terrorismo de Estado que se practica contra ellos.
Participantes en la Universidad de Valladolid en la Mesa Redonda 'Defendiendo los Derechos Humanos en América Latina', promovida por el Observatorio de DD.HH. de la UVA, la hondureña Bertha Olivia y la guatemalteca Yolanda Oquelí han acogido con profundo malestar y temor la decisión de repetir el juicio contra Ríos Montt pues, en palabras de la primera, ello "supone no sólo un desafío para la Justicia de Guatemala sino también para los luchadores de los Derechos Humanos", mientras que la segunda de ellas ha ido todavía más allá y ha advertido de que ante tal "impunidad" las personas que integran los distintos movimientos sociales críticos en países de Hispanoamérica quedan en una situación "mucho más vulnerable".
Esta última fue víctima en junio de 2012 de un atentado contra su vida y viene sufriendo intimidaciones por su lucha pacífica conocida como 'La Puya', dirigida a defender los derechos de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del Departamento de Guatemala frente a los intereses económicos del proyecto minero Progreso VII Derivada, detrás del cual se encuentra una corporación estadounidense con sede en Reno.
Yolanda y Bertha, junto con los abogados paraguayo y ecuatoriano Óscar Ayala y Miltón Vargas, respectivamente, han narrado en primera persona la sistemática vulneración de los DD.HH. que padecen las poblaciones indígenas de sus respectivos países y aquellos que, como ellos y distintas organizaciones humanitarias, se dedican a denunciar el terrorismo de Estado practicado por los distintos gobiernos.
Por ello, en declaraciones recogidas por Europa Press, son unánimes cuando reclaman la "solidaridad de la comunidad internacional" a la hora de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos.
En este sentido, el letrado Óscar Ayala, fundador de Tierraviva y firme defensor del territorio de los pueblos indígenas de Paraguay, ha recordado que la protección de los DD.HH. "es responsabilidad de toda la comunidad Internacional y no patrimonio exclusivo de un país", incluida la Unión Europea, "que tiene también la obligación de velar por su cumplimiento, no sólo en los países comunitarios sino igualmente en aquellos con los que tiene una vinculación comercial y política".
"MUERTE VIOLENTA ADMINISTRADA"
Entre las participantes en la mesa redonda, Bertha Olivia, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), ha aprovechado para denunciar públicamente que desde el golpe de Estado, en 2009, del dictador Roberto Micheletti "nunca como ahora se ha administrado la muerte violenta y la persecución de los defensores de los Derechos Humanos", entre los que ha incluido una treintena de periodistas asesinados y más de un centenar perseguido.
"Los Derechos Humanos no existen, hay una política de Estado que nos aterra y la práctica es la impunidad", ha asegurado Olivia, quien ante tal situación, además de insistir en la urgente intervención de la comunidad internacional, ha defendido el papel de la "memoria, fundamental para educar, reorientar y documentar" los numerosos casos que la organización que fundó pretende llevar ante los tribunales internacionales.
De hecho, una de los principales logros de esta mujer, a quien el Gobierno holandés otorgó en 2010 el Tulipán de los Derechos Humanos, es la denominada Ruta de la Memoria Histórica, en la que se muestra a los visitantes cementerios y cárceles clandestinas, cuarteles militares y plazas de reivindicación social de las víctimas. "Queremos que esos lugares que fueron escenarios del horror se conviertan en escenarios de amor y de esperanza", ha enfatizado.
Por su parte, el abogado ecuatoriano Milton Vargas, asesor jurídico en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) en Ecuador, ha explicado su experiencia en la defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en su país, amenazados a partir de una nueva Constitución que, según sus palabras, "ha abierto un proceso de reformas que está vaciando de contenido los avances constitucionales logrados hasta entonces".
Entre esas reformas ha incluido la nueva Ley Minera, "que abre la puerta a los grandes capitales privados y constituye un serio peligro medioambiental"; la pretendida nueva Ley de Recursos Hídricos, "y otras que carecen del consenso y participación de las comunidades y sectores afectados", algo que, como así ha recordado, ha desembocado en violentos enfrentamiento con las fuerzas del orden ecuatoriano y ha llevado al Gobierno del país a "criminalizar" y represaliar a varios cientos de personas partícipes o líderes de distintos movimientos sociales críticos.
La Mesa Redonda 'Defendiendo los Derechos Humanos en América Latina', en el marco de una acción más global como es la Gira 'Personas defensoras de Derechos Humanos en el Punto de Mira' organizada por el Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África (Iepala), tiene como objetivo promover el conocimiento, reflexión crítica y denuncia de las luchas, demandas y estrategias de resistencia de los defensores de los DD.HH. y líderes de comunidades campesinas, pueblos indígenas y afro-descendientes de Hispanoamérica.
Esa lucha se centra en la defensa de la tierra y el territorio, la protección de los recursos naturales, así como la implementación del derecho a la consulta previa en los contextos de políticas extractivas, la resistencia contra las estrategias de criminalización de los movimientos sociales de la región y las graves violaciones de Derechos Humanos y la impunidad.