MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Guatemala, liderado por Alejandro Giammattei, ha anunciado este miércoles que se ha reanudado el proceso de transición con el presidente electo, Bernardo Arévalo, semanas después de que este anunciara la suspensión temporal por las acciones de la Fiscalía contra su formación, el Movimiento Semilla, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Giammattei ha indicado que se ha llevado a cabo una reunión en el Palacio Nacional de Cultura entre los equipos designados por ambas partes, que se ha producido "en un ambiente de optimismo y confianza", después de la "exhortativa" del mandatario y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Según indica un comunicado del Ejecutivo guatemalteco, la información de los encuentros será publicada por medio de los canales oficiales "en cumplimiento con la instrucción" del presidente de realizar "una transición eficiente, ordenada y transparente".
Arévalo suspendió el 12 de septiembre su participación en la transición coincidiendo con un nuevo registro de funcionarios de la Fiscalía en las instalaciones del TSE, donde abrieron algunas cajas que preservan los votos emitidos en las elecciones presidenciales.
"Estas acciones constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación de la Constitución Política de la República de Guatemala", denunció entonces, remarcando que "los golpistas deben renunciar" en referencia a la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
El presidente electo manifestó que Porras, Curruchiche y Orellana, "en asociación perversa, han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral, otorgando un disfraz judicial a una acción política espuria del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)".
Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.