MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha condenado este miércoles la decisión del Gobierno del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, de cancelar los visados y retirar la inmunidad a once investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ha alertado de que esto supone un duro golpe contra la corrupción en el país.
"El presidente Morales ha pasado de intentar librarse del jefe de la CICIG Iván Velásquez a intentar librarse de todo su equipo", ha manifestado el director de la división para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson.
"Cualquiera que haya visto lo que sucedió con Velásquez debe entender ahora que este presidente hará lo que sea para socavar la lucha por la Justicia en Guatemala", ha aseverado en un comunicado.
En respuesta a la expulsión de los once investigadores, la CICIG ha recordado que los afectados "son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala" y ha resaltado que "la medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios".
Según la organización, la CICIG es uno de los mecanismos anticorrupción más efectivos que existen en Latinoamérica en la actualidad. Desde que comenzaron a trabajar en 2007, Guatemala ha registrado significativos avances en la lucha contra la corrupción y a favor de la Justicia y el abuso de poder.
El pasado mes de septiembre Morales anunció que no permitiría a Velásquez regresar al país. Tanto la Fiscalía como la CICIG han intentado en varias ocasiones retirar la inmunidad al presidente para que pueda ser procesado por la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2015. La última vez fue el pasado 11 de agosto, pero todavía no lo han conseguido.
El Ejecutivo anunció en agosto su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, por lo que el organismo tendrá que dejar de trabajar en el país centroamericano en septiembre de 2019.
El tándem formado por la Fiscalía y la CICIG ya dio la batalla con el anterior Gobierno. Otto Pérez Molina tuvo que dimitir el 2 de septiembre de 2015 --cuatro días antes de las elecciones presidenciales-- por un escándalo de defraudación aduanera. Él, su antigua vicepresidenta y otros ex altos cargos están siendo juzgados por ello.
La CICIG se creó por virtud de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU que entró en vigor en 2007 para un periodo de dos años que se ha prorrogado cinco veces. Su actual mandato finaliza el 3 de septiembre de 2019.