Actualizado 02/03/2011 15:11

Guatemala.- Jueces de Guatemala rechazan que organismo de la ONU diseñe un plan de seguridad para personal judicial


CIUDAD DE GUATEMALA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jueces y Magistrados de Guatemala ha rechazado la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU en el diseño de un plan de seguridad para los trabajadores del sector judicial, que en los últimos meses han sido blanco de amenazas.

Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala habían pedido el apoyo de la CICIG tras el asesinato del Érick Cáceres Rodríguez ocurrido el pasado 15 de febrero, en el departamento de Petén (norte).

El homicidio de Cáceres Rodríguez es el tercer crimen contra jueces desde el año 2009. A estos hechos se suman más de 20 amenazas que han recibido magistrados guatemaltecos en el último año, además de algunos ataques como el ocurrido también el 15 de febrero en el departamento de Quetzaltenango contra la vivienda del Ulises Ixcot.

El presidente de la asociación, Carlos Aguilar, pidió el martes ante la Corte Suprema prescindir de la colaboración de la CICIG en la elaboración de las estrategias para brindar una mayor protección a los magistrados y reducir los actos de violencia.

"Esa petición lesiona la independencia judicial, en virtud de que la CICIG es sujeto procesal", ha explicado Aguilar en declaraciones citadas por el diario local 'Prensa Libre'.

Aguilar ha considerado que no es prudente aceptar la colaboración de esta comisión de la ONU porque en algunos casos actúa como la parte acusadora y encabeza investigaciones penales que se ventilan en los tribunales.

En diciembre de 2006, Guatemala y la ONU acordaron establecer la CICIG como organismo de apoyo a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a otras instituciones con el objetivo de investigar un número limitado de casos relacionados con el surgimiento de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales, muchas de las cuales han sido desmanteladas desde que la comisión comenzase a operar, en 2008.

"No tenemos nada contra la CICIG. Consideramos, como jueces, que el papel de esa comisión tiene avances en lo que respecta a la investigación penal; no es nada personal", ha aclarado Aguilar.

Por su parte, el portavoz de la CICIG, Diego Álvarez, ha informado de que la solicitud es para elaborar un plan o dar recomendaciones en materia de seguridad y no para brindar protección a los magistrados y al personal judicial.

La CICIG analiza actualmente la solicitud de la Corte Suprema y espera dar una respuesta este miércoles o el jueves. "Queremos ser cuidadosos en no entorpecer ningún proceso", ha enfatizado Álvarez.