Actualizado 28/05/2006 23:30

Guatemala.-Muere en Caracas el ex dictador guatemalteco Romeo Lucas García, reclamado por la Audiencia Nacional española


CIUDAD DE GUATEMALA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ex dictador guatemalteco Fernando Romeo Lucas García falleció anoche en un hospital de Caracas, donde residía desde hace varios años. Lucas García estaba reclamado por la justicia española por la quema de la Embajada de España en Guatemala el 1 de enero de 1980 y por la desaparición y tortura de ciudadanos españoles.

"Hace ocho días que se avisó a la familia en Guatemala de que estaba agonizando (...) por eso viajaron a Venezuela para acompañarle en sus últimos momentos", afirmó la ex cuñada de Lucas García, María Elena Nana Winter, en declaraciones a una emisora local recogidas por Europa Press.

Nacido en 1924, Lucas García fue presidente de facto de Guatemala entre julio de 1978 y marzo de 1982, cuando fue derrocado en un golpe militar por el también general Efraín Ríos Montt. Durante su periodo al frente del gobierno y las Fuerzas Armadas el país vivió un periodo de violencia y represión.

Mientras a Ríos Montt se le acusa del genocidio cometido contra la población maya en el marco de la guerra contra la guerrilla, Lucas García era responsabilizado por hechos como la quema de la Embajada de España en Guatemala el 1 de enero de 1980 y por la desaparición y tortura de ciudadanos españoles.

El director ejecutivo de la Fundación Rigoberta Menchú lamentó que el ex dictador haya muerto sin que se hiciera justicia para las víctimas. "Le llegó la muerte, salvándolo de ser juzgado. Sin embargo, guardamos la esperanza de que el juicio avance y podamos ver una condena que sería para él también, aunque haya muerto", añadió.

Además de Lucas y Ríos están acusados otros tres generales, entre los que está un hermano del difunto, y tres civiles que fungían como jefes de la policía y el ministro del Interior. Todos tienen más de 60 años. Está previsto que un juez de la Audiencia Nacional viaje a finales de junio para indagar a los acusados que residen en el país.