Actualizado 19/04/2013 19:40

Guatemala.- ONU pide que se retome el juicio contra Ríos Montt ante el "golpe" que supone para las víctimas su anulación

GINEBRA, 19 Abr. (Reuters/EP) -

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha declarado este viernes que la anulación del juicio contra el dictador Guatemalteco Efraín Ríos Montt supone un "golpe" para las víctimas de las "atrocidades" cometidas durante la guerra civil padecida por el país centroamericano y ha pedido que se reinicie.

El juicio contra Ríos Montt y su exjefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y crímenes contra la Humanidad quedó anulado el jueves después de que la justicia guatemalteca ordenara que el caso volviera a la jueza Carol Patricia Flores, que inició la instrucción de la causa y que fue apartada en 2011.

La organización de Naciones Unidas ha indicado que las autoridades deben asegurar que se celebre este juicio "emblemático", el primero en el que un antiguo jefe de estado se enfrenta en su propio país a la acusación de genocidio.

"Se trata de un golpe a las numerosas víctimas de las atrocidades cometidas durante la guerra civil de Guatemala que han esperado durante más de 30 años a que se haga justicia", ha indicado el portavoz de la Oficina, Rupert Colville, que ha destacado el trabajo de abogados, jueces y fiscales por llevar el caso ante los tribunales.

Colville ha indicado que "el juicio estaba dando a las víctimas la oportunidad de testificar por primera vez en la misma sala con los altos mandos acusados de ordenar los incendios, las violaciones y los asesinatos de más 1.700 indígenas ixil en 1982 y 1983".

El portavoz ha indicado que la anulación del juicio días antes de que quedara visto para sentencia supone "una gran bofetada en la cara a las mujeres y hombres indígenas que habían participado valientemente en el juicio como testigos", al tiempo que ha pedido que se reinicie por la importancia que supone para la comunidad internacional.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha instado a las autoridades guatemaltecas a "asumir su responsabilidad de garantizar un juicio justo e independiente u que los jueces puedan llevar a cabo su trabajo "libres de amenazas y represalias".

Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por uno de los abogados de la defensa --Héctor Mario López Fuentes-- contra la hasta entonces titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo al considerar que era parcial.

La organización humanitaria Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo contra la recusación de Flores, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de diciembre, pero que no se notificó hasta marzo y que se hizo pública el jueves.

Entretanto, el titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral, del que conocen el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la recusación contra Flores supone que todas las actuaciones judiciales deben retrotraerse al momento en que fue retirada del caso, es decir, en la fase de instrucción, por lo que el juicio tendrá que volver a celebrarse.

EL JUICIO

El pasado 19 de marzo, arrancó el ex dictador y su ex jefe de Inteligencia Militar por los presuntos delitos cometidos durante su Gobierno 'de facto' que, según la Fiscalía, equivalen a genocidio y crímenes contra la Humanidad.

Los dos ex militares responden por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil en las montañas septentrionales. En concreto, por la matanza de 201 personas, perpetrada el 7 de diciembre de 1982 en el municipio de Dos Erres por un grupo de 17 'kaibiles' --miembros de las fuerzas de élite-- y 40 soldados.

La defensa ha intentado alegar que no se pueden atribuir a Ríos Montt los abusos cometidos por los militares de a pie porque el jefe de Estado no controla las operaciones sobre el terreno. Asimismo, ha insistido en que no se ha producido ningún genocidio en Guatemala.

Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.

Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).