Actualizado 20/03/2013 08:29 CET

Ríos Montt y su ex jefe de Inteligencia Militar se niegan a declarar en la primera jornada del juicio

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los acusados se han negado a declarar en la primera jornada del juicio que se celebra en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y su ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y crímenes contra la Humanidad.

El juicio ha arrancado a las 10.00 horas (17.00 horas en España), a pesar de que la defensa ha intentado impedirlo mediante la interposición de diversos recursos, que el tribunal integrado por Jazmín Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul ha rechazado.

Barrios se ha dirigido a los abogados de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez para que presten declaración ante el tribunal, pero éstos se han negado, limitándose a solicitar unos audífonos para escuchar bien la comparecencia de los testigos de la acusación.

Tras ello, han pasado por el tribunal dos residentes en el municipio de Quiché, donde las fuerzas gubernamentales perpetraron una de las mayores matanzas de indígenas ixil de la guerra civil guatemalteca, según sostienen la Fiscalía y la acusación.

Nicolás Bernal Brito ha relatado que los soldados llegaron a la localidad, quemaron viviendas, destruyeron los cultivos y mataron a los animales. "Nos decían que cumpliéramos sus órdenes, que ellos eran la última ley", ha dicho, en declaraciones recogidas por el diario 'Prensa Libre'.

Por su parte, Bernardo Bernal Gusal ha denunciado que los uniformados llegaron a su comunidad, mataron a sus familiares y amigos y que él sobrevivió porque consiguió escapar, aunque en los días siguientes anduvo sin alimento ni protección.

La Fiscalía y la acusación confían en demostrar que Ríos Montt y Rodríguez Sánchez estaban al tanto de las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas del país centroamericano en su lucha contra la insurgencia armada y, por tanto, que son responsables de las mismas.

Para ello cuentan con miles de folios ordenados por expedientes que albergan testimonios de víctimas, documentos de las Fuerzas Armadas guatemaltecas y de la CIA estadounidense, peritajes militares y civiles y pruebas balísticas y forenses de más de 800 restos mortales, la mayoría pertenecientes a mujeres y niños.

La defensa, por su parte, ha sostenido que los conocidos como Victoria 82 y Sofía eran planes contrainsurgentes destinados a proteger a la población civil. "Durante 36 años sufrimos una guerra inútil, porque hubo un frente que creyó que las armas eran la vía para tomar el poder", ha dicho uno de los letrados.

Así, ha rechazado que fueran planes destinados a exterminar a los indígenas ixil, al tiempo que ha señalado que ninguna de las pruebas presentadas sostiene tal acusación, formulada por las víctimas y sus familiares y la Fiscalía.

Tras la declaración de los dos testigos, Barrios ha dado por concluida la sesión de este martes y ha convocado a las partes en el proceso judicial para este miércoles, cuando se espera que comparezcan los testigos presentados por la Fiscalía.

LA ACUSACIÓN

La causa comenzó en enero de 2012, cuando la jueza de Alto Riesgo Carol Patricia Flores imputó un delito de genocidio y otro de crímenes contra la Humanidad al ex general por su implicación en la matanza de 1.771 personas, en su mayoría indígenas ixil, en el marco de la política de 'tierra quemada'.

En mayo de ese año, la jueza guatemalteca decidió ligar también a Ríos Montt a un proceso judicial por participar en la matanza de 201 personas en el municipio de Dos Erres en 1982, imputándole de nuevo ambos delitos.

El Ministerio Público asegura que el ex general es responsable de la operación militar en la que el 7 de diciembre de 1982 un grupo de 17 'kaibiles' --miembros de las fuerzas de élite-- y 40 soldados irrumpieron en Dos Erres para torturar a los hombres y violar a las mujeres antes de matar a 201 personas, incluidos niños.

Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.

Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).