MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Siete premios Nobel de la Paz han instado a todos los guatemaltecos a "respetar" el proceso judicial contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt, y a las autoridades a "velar para que se respete el más alto grado de integridad".
En un comunicado, los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Mairead Maguire, Jody Williams, Shirin Ebadi, Leymah Gbowee, Desmond Tutu y José Ramos-Horta han subrayado la necesidad de que el proceso judicial sea "legítimo, independiente y transparente".
Así, han indicado que "cualquier posibilidad de corrupción debe ser investigada" y que se debe "actuar con rapidez para garantizar la protección y seguridad de los supervivientes que participan en el juicio". "Es de vital importancia", han sostenido.
"El mundo está observando cómo Guatemala toma las medidas necesarias y valientes para llevar al ex jefe de Estado a juicio porque es una prueba crucial de su compromiso a favor de una paz duradera y, además, representa un hito histórico en la lucha indígena por alcanzar la justicia en este país", han dicho.
Si bien, estos líderes internacionales han destacado que "este juicio no solo marca un importante paso en la rendición de cuentas por los crímenes del pasado, sino también en la prevención de tales atrocidades en el futuro".
"Como comunidad internacional esta es nuestra oportunidad de asumir nuestra responsabilidad en el trágico pasado de Guatemala y de enmendar los errores en beneficio de futuras generaciones y solo podemos hacerlo si apoyamos plenamente el derecho del pueblo guatemalteco a tener un juicio justo y completo", han dicho.
Además, han expresado su solidaridad "con los supervivientes de los actos de genocidio cometidos contra el pueblo maya de Guatemala". "Honramos su valentía y convicción al testificar acerca de los horrendos crímenes que sufrieron a manos del Ejército", han subrayado.
En concreto, se han mostrado conscientes de que "muchas de las personas llamadas a testificar eran niños en el momento en que se cometieron estas atrocidades masivas". "Contemplamos con admiración su valentía al comparecer en el juicio a fin de llevar ante la justicia a los autores de los crímenes cometidos", han insistido.
"Tal testimonio no solamente ayudará en el proceso de curación de los supervivientes, sino que también desempeña una función esencial en la reconciliación nacional y en el fortalecimiento del sistema de justicia en beneficio de todos los guatemaltecos", han apuntado.
EL JUICIO
El pasado 19 de marzo, arrancó el juicio contra el ex dictador y su ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez por los presuntos delitos cometidos durante su Gobierno 'de facto' que, según la Fiscalía, equivalen a genocidio y crímenes contra la Humanidad.
No obstante, un mes después fue anulado como consecuencia de la reincorporación de la jueza instructora Carol Patricia Flores a la causa, después de que se resolviera la acusación presentada en su contra, lo que supone retrotraer hasta ese momento todas las actuaciones procesales.
Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por uno de los abogados de la defensa --Héctor Mario López Fuentes-- contra la hasta entonces titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo al considerar que era parcial.
La organización humanitaria Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo contra la recusación de Flores, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de diciembre, pero que no se notificó hasta el pasado mes de marzo y que se ha hecho pública hoy.
Entretanto, el titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral, del que conocen el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la recusación contra Flores supone que todas las actuaciones judiciales deben retrotraerse al momento en que fue retirada del caso, es decir, en la fase de instrucción, por lo que el juicio tendrá que volver a celebrarse.
LOS CARGOS
Los dos ex militares responden por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil en las montañas septentrionales. En concreto, por la matanza de 201 personas, perpetrada el 7 de diciembre de 1982 en el municipio de Dos Erres por un grupo de 17 'kaibiles' --miembros de las fuerzas de élite-- y 40 soldados.
La defensa ha intentado alegar que no se pueden atribuir a Ríos Montt los abusos cometidos por los militares de a pie porque el jefe de Estado no controla las operaciones sobre el terreno. Asimismo, ha insistido en que no se ha producido ningún genocidio en Guatemala.
Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.
Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).