MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Guatemala ha admitido a trámite el recurso presentado por el presidente del país, Bernardo Arévalo, con el que busca hacer frente a las medidas puestas en marcha por la Fiscalía del país contra su partido, el Movimiento Semilla, que fue suspendido provisionalmente por el Registro de Ciudadanos tras las elecciones del pasado mes de junio.
El recurso de amparo fue presentado el pasado 18 de septiembre por el propio Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, que apuntaban a la fiscal general, Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, entre otros, por considerar que actuaban de forma "indebida y arbitraria" para revertir el proceso electoral.
"Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo", ha reiterado Arévalo, que ha manifestado que con esta medida busca que los magistrados del Supremo reviertas las medidas puestas en marcha por la Fiscalía.
Para ello, el mandatario electo espera lograr que se reviertan las medidas adoptadas por la Fiscalía, como el registro de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) --organismo del que depende el Registro de Ciudadanos que suspendió al Movimiento Semilla-- y la destitución de otros funcionarios por parte de fiscales "implicados" en lo que Arévalo ha tildado como un intento de "golpe de Estado" para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
"En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo", ha afirmado el político guatemalteco.
La corte, por su parte, ha solicitado a los funcionarios incluidos en el recurso que presenten una serie de documentos con la finalidad de "pronunciarse sobre la veracidad o no de los hechos relacionados con el memorial que se resuelve".
PROCESO DE TRANSICIÓN
Por otra parte, Arévalo ha propuesto al presidente saliente, Alejandro Giammattei, una nueva "metodología" para sacar adelante el proceso de transición de poder, que se encontraba suspendido temporalmente a la espera de que se resolvieran las acciones de la Fiscalía, que ha procedido a llevar a cabo un registro de la sede del TSE que se ha saldado con la apertura de dos urnas.
Así, prevé que se reanuden los contactos con el actual Gobierno a partir del 25 de septiembre y ha insistido en la necesidad de que Porras --sancionada por Estados Unidos por corrupción-- y Curruchiche --que ordenó el registro en cuestión-- presenten su dimisión.
"El equipo de transición del binomio electo confía que (...) se pueda avanzar con el intercambio de la información administrativa necesaria" para llevar a cabo la transición de poder, ha señalado Arévalo en un comunicado. La oficina de Giammattei ha confirmado la recepción del documento y ha señalado que se encuentra "bajo análisis".
CRÍTICAS CONTRA LA FISCALÍA Y EL TSE
La comunidad internacional ha criticado duramente las acciones de la Fiscalía y el TSE, que aseguran que el Movimiento Semilla habría incurrido en un delito de blanqueo de capitales al pagar supuestamente alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse como formación de cara a los comicios.
Según los fiscales, existen indicios de que el partido falsificó las firmas de unos 5.000 ciudadanos. Sin embargo, expertos legales sostienen que las leyes guatemaltecas impiden la suspensión de cualquier formación política una vez se inicia un proceso electoral.
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha exigido a Porras "dejar de perseguir" al presidente electo y ha señalado que las denuncias de la Fiscalía "carecen de claridad y no están tipificadas", por lo que "son claramente persecutorias". "La persecución contra el partido Semilla debe detenerse", ha afirmado.
A él se han sumado otras organizaciones internacionales y líderes, que han expresado su preocupación por las acciones legales emprendidas contra el partido de Arévalo, que prometió durante la campaña electoral erradicar la corrupción en el país de Centroamérica.