MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemalaa ha expresado su preocupación por la "vulnerabilidad de la voluntad de los ciudadanos que fue manifestada en las urnas", después de que la Fiscalía haya registrado durante varios días las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).
El TSE, a través de su presidenta, Irma Palencia, ha indicado que "esa incertidumbre" que preocupa a la máxima autoridad electoral "debe ser preocupación de los ciudadanos".
"A la persona que gestó todo este asunto le conviene decir que no hubo ninguna violación a la custodia del voto, que todo quedó igual, pero no es cierto (...) Nunca históricamente habíamos tenido un acto de esta naturaleza, (que ha sido) condenado nacional e internacionalmente", ha declarado.
Palencia ha hecho referencia al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, que horas antes tras poner fin a los registros, aseguró que el TSE ha aceptado el proceso, con lo que "se desvirtúa totalmente lo que han manifestado ciertas personas y ciertos sectores en el sentido de que se pudo haber vulnerado la secretividad del voto de los guatemaltecos".
En este sentido, la presidenta del TSE ha reconocido que creen que este proceso "no ha terminado": "Ojalá fuera así, ojalá que en la víspera de la fiesta patria pudiéramos decir que todo ha concluido. Creemos que no, porque también esa persona dijo en declaraciones públicas que continuarán con las investigaciones y etcétera. No sabemos qué más viene", ha agregado.
Tras iniciarse el registro, el presidente electo guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció la suspensión temporal de su participación en el proceso de transición con el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, y exigió la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.
Desde que el Movimiento Semilla de Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.