MÉXICO DF, 25 May. (Notimérica) -
El próximo 7 de junio el estado mexicano de Guerrero se enfrenta al proceso electoral más conflictivo y violento de su historia, después de que el pasado 26 de septiembre se produjese la desaparición, y supuesto asesinato, de 43 estudiantes de magisterio.
Los comicios, en los que se elegirá al gobernador, alcaldes y diputados del Congreso de este estado, serán boicoteados por los padres de los estudiantes desparecidos, quienes contarán con el apoyo de organizaciones sociales especialmente combativas como el sindicato de maestros: Comisión Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
Los familiares de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa no están dispuestos a tolerar que se celebren elecciones hasta que no sean devueltos con vida sus hijos, en cuya desaparición estuvo implicada la clase política guerrense.
"Votar en estas elecciones es votar por narcopolíticos, es votar por el crimen organizado", han asegurado en numerosas ocasiones los padres de los 'normalistas'. Unas declaraciones con las que quieren evidenciar la connivencia que, durante los últimos años, se ha producido entre la clase política y el crimen organizado en este estado del suroeste de México.
De hecho, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue detenido junto a su mujer, María de los Ángeles Pineda, acusados de ser los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes. Esta intervención de la Justicia se produjo después de que varias organizaciones civiles acusaran al mandatario y a su esposa de mantener estrechos vínculos con el crimen organizado. No en vano, los padres de Pineda, fueron encarcelados por pertenecer al clan de los Beltrán Leyva y sus hermanos asesinados por una organización rival dedicada también al narcotráfico.
El que fuera gobernador de Guerrero cuando se produjo la desaparición de los estudiantes, Ángel Aguirre, se vio obligado a dimitir ante la presión social que lo acusaban de conocer la violenta forma de proceder de Abarca, miembro de su propio grupo político, el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pero éste no fue el único escándalo en el que se vio involucrado Aguirre. En noviembre de 2011, poco después de ganar las elecciones, se le acusó de haber colocado en la Administración del Estado al menos a 38 amigos y familiares. Un mes más tarde, el exgobernador se veía obligado a dar explicaciones por el asesinato de dos alumnos de la misma escuela a la que pertenecen los 43 'normalistas' de Ayotzinapa. En aquel suceso, las fuerzas de seguridad del estado abrieron fuego contra los estudiantes que mantenían bloqueada la autopista del Sol.
Por su parte, en septiembre de 2013, Aguirre tuvo que hacer frente también a acusaciones de corrupción, cuando la llegada del huracán Manuel a la costa guerrense puso de manifiesto irregularidades en la concesión de permisos de obras para la construcción de complejos habitacionales.
Los 43 'normalistas' de Ayotizapa se suman a una larga lista de personas desaparecidas en el estado Guerrero. De hecho, en febrero de 2013, Guerrero copaba la atención mediática internacional por la violación de seis turistas españolas y en enero de 2014 se produjo el secuestro de un profesor, lo que llevó a la huelga a sus compañeros de profesión que quisieron de ese modo evidenciar las continuas extorsiones que sufrían.
En este clima continuado de violencia, el próximo 7 de junio dos millones de guerrenses están llamados a las urnas en unas elecciones en las que tiene centrada su atención la comunidad internacional y que contarán con un importante despliegue policial para tratar de garantizar el desarrollo pacífico de los comicios.