Publicado 12/02/2020 9:09:01 +01:00CET

Guinea Ec.- Gobierno de Guinea Ecuatorial rechaza la condena a Teodorín y denuncia la "injerencia" de la Justicia gala

Guinea Ec.- Gobierno de Guinea Ecuatorial rechaza la condena a Teodorín y denunc
Guinea Ec.- Gobierno de Guinea Ecuatorial rechaza la condena a Teodorín y denunc - VICEPRESIDENCIA DE GUINEA ECUATORIAL

Asegura que Francia no tiene "legitimidad jurídica" para juzgar "un asunto tan maquiavélicamente montado"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha manifestado su rechazo a la condena a tres años de prisión por blanqueo de capitales confirmada el lunes por la Justicia de Francia para el vicepresidente ecuatoguineano, Teodoro Nguema Obiang, también conocido como Teodorín, al tiempo que ha denunciado que la sentencia supone una "injerencia" del sistema judicial galo que contraviene la Carta de Naciones Unidas.

"El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial manifiesta su repulsa ante los actos de injerencia en los asuntos de Jurisdicción Interna de su Estado por parte de los Tribunales Franceses", ha asegurado el Gobierno ecuatoguineano, en un comunicado firmado por el primer ministro, Francisco Pascual Oboma Asue.

El Ejecutivo de Malabo ha recalcado que la Carta de Naciones Unidas prohíbe en su artículo 2.7 "categóricamente" este tipo de "intromisión" en asuntos cuya solución "depende únicamente de los propios estados". "El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial califica de inaceptable e inapropiado que la Jurisdicción penal francesa quebrante los básicos y elementales principios que conforman el pilar fundamental en la creación de la ONU", ha subrayado.

En este sentido, ha argumentado que los "supuestos delitos por los que falsamente se acusa" a Teodoro Nguema Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo mayor del presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang, "se supone que se cometieron en el territorio nacional", por lo que la "supuesta víctima" sería el pueblo ecuatoguineano y, "por tanto", los tribunales franceses "carecen de competencia" y de "legitimidad jurídica" para conocer un asunto "tan maquiavélicamente montado".

El Ejecutivo de Malabo ha dicho que el pueblo ecuatoguineano es "dueño absoluto de los recursos objetos de esta cuestión" y es "el único legitimado para interponer acciones en defensa de sus bienes", "si es que hubiere algún daño o atropello contra los mismos".

"No sabemos en nombre de quién habla la Jurisdicción Francesa ni comprendemos quién es el titular de los intereses que defiende, ya que el legítimo propietario de estos intereses, que es el pueblo de Guinea Ecuatorial, no reconoce haber sufrido en su Tesorería los actos por los que ha sido acusado el vicepresidente de la República", ha señalado.

Tras condenar enérgicamente los "actos de intromisión y manipulación de la Jurisdicción Penal Francesa contra el noble y pacífico pueblo de Guinea Ecuatorial", el Ejecutivo de Malabo ha explicado que se reserva el derecho a ejercitar ante "altas instancias jurisdiccionales internacionales cuantas acciones civiles y penales" considere necesarias para "reclamar la reparación del daño causado" a los "altos órganos y personalidades" de Guinea Ecuatorial, "tras haber mancillado su honor, su dignidad y su reputación internacional".

El Gobierno de Malabo ha reaccionado así después de que el lunes un tribunal de apelación de Francia confirmara la condena a tres años de prisión suspendida para Teodorín por blanqueo de capitales y al pago de una multa de 30 millones de euros, además de mantener incautadas las propiedades de lujo en París.

Entre estas propiedades figura una mansión valorada en 2012 en 107 millones de euros, así como una colección de coches de 7,5 millones de euros. Según los datos de Estados Unidos citados en el proceso, Teodorín tiene un sueldo de unos 80.000 euros al año.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará la próxima semana una vista precisamente sobre el futuro de la mansión de Avenue Foch, después de que las autoridades ecuatoguineanas presentasen una denuncia contra Francia por el proceso abierto contra el vicepresidente.