LIMA, 1 Mar. (Notimérica) -
El pasado 14 de febrero estaba previsto que se celebrara el juicio contra el líder de la agrupación terrorista peruana Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, por el atentado perpetrado en Miraflores (Perú) que acabó con la vida de 25 personas en el año 1992. Sin embargo, el deteriorado estado de salud del acusado, de 82 años, llevó a la suspensión de la vista oral aquel día, posponiendo el acto hasta este martes.
Así, el acto judicial contra Guzmán se inició el día 28 de febrero en la Base Naval del Callao, donde el líder insurgente acudió "simplemente para decir por qué no había venido antes", tal y como declaró a su llegada. Según dijo, su presencia ha supuesto "un esfuerzo" para su salud, la cual ha reclamado en el acto que sea supervisada por un médico.
Por ello, la Sala Penal Nacional de Perú ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la asignación de un especialista geriátrico a Guzmán, solicitando además que se constate su situación sanitaria para la celebración del juicio en el que la Fiscalía solicita cadena perpetua y una multa de 400.000 soles peruanos.
El atentado de Tarata, en el distrito limeño de Miraflores, acabó con la vida de 25 personas y dejó un total de 155 heridos, representando a día de hoy uno de los episodios más sangrientos del conflicto armado que duró dos décadas, acabando en el año 2000.
Las cifras totales indican que cerca de 70.000 personas, entre muertos y desaparecidos, fueron víctimas de los enfrentamientos entre el Ejército, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, estos dos últimos ya disueltos, durante estos 20 años.
La agrupación Sendero Luminoso fue una de las mayores organizaciones terroristas que operaron en América Latina, con más de 30.000 víctimas mortales a sus espaldas, tal y como señala el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
CALVARIO
Una de las víctimas de Sendero Luminoso, Benita Upiachigua, que perdió a casi toda su familia durante el conflicto, contó al medio internacional 'RT' cómo "los soldados nos desnudaron, empezaron a violarnos en presencia de mi hermano. Después, cuando estábamos amarradas, agarraron a mi hermano, lo amarraron, le arrancaron primero la cabeza con una motosierra y después continuaron arrancando pedazo a pedazo...".
Upiachigua consiguió salvar su vida, pero no su calvario, ya que dos años más tarde, las autoridades torturaron hasta la muerte a su hijo de 15 años bajo la acusación de ser terrorista. Tan solo ocho meses después, Sendero Luminoso secuestró a su marido, al que no ha vuelto a ver desde entonces.
La víctima aseguró al medio anteriormente citado que estuvo huyendo con su hija hasta 2006 debido a la violación que sufrió cuando mataron a su hermano. Por todo el sufrimiento, Upiachigua ha recibido una compensación estatal de alrededor de 3.000 dólares, la reparación equivalente a una sola víctima.
LOS PERIODISTAS DE UCHURACCAY
Otro testimonio del conflicto es el pueblo de Uchuraccay, que solamente entre 1982 y 1984 dejó un saldo de al menos 135 mujeres, niños y comuneros asesinados en dicho pueblo perteneciente al departamento de Ayacucho y famoso por los ocho periodistas peruanos asesinados hace 34 años.
Los testimonios que contaron cómo se vivió la oleada de violencia en Uchuraccay fueron recopilados al cumplirse 34 años de la masacre en la que el 26 de enero de 1983 perdieron la vida durante el ejercicio de la profesión Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Jorge Luis Mendivil, Willy Retto, Jorge Sedano, Amador García, Octavio Infante y el guía Juan Argumedo.
El grupo llegó a Uchuraccay de paso, con la misión de verificar sobre el terreno la información oficial de que campesinos de la zona daban muerte a miembros de Sendero Luminoso, pero fueron sorprendidos con alzados y linchados, según una comisión investigadora.
Los periodistas fueron acusados de ser terroristas y posteriormente fueron asesinados por los comuneros de la zona, quienes habían recibido instrucciones estrictas de altos mandos de la Guardia Nacional de tratar con hostilidad a todos aquellos que llegaran a la zona mediante automóviles.
"Los enemigos llegan por tierra y los amigos por aire", fue el mensaje que la Guardia Nacional envió supuestamente a los pobladores refiriéndose a los helicópteros que usaban los militares.
En 2003, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó un informe con una cifra estimada de los desaparecidos entre 1980 y el año 2000, pero no fue hasta el pasado mes de julio cuando el Gobierno adoptó una Ley de búsqueda de personas desaparecidas para localizar a las víctimas y dar respuesta a sus familiares. No obstante, más de medio año después de su entrada en vigor, la ley todavía no tiene una partida económica asignada en los presupuestos generales para 2017.
A día de hoy se calcula que alrededor de 15.000 personas siguen desaparecidas o pendientes de ser identificadas y el problema principal es que para muchos, la solución llega tarde. El dolor que cargan las víctimas, enquistado durante treinta años, pesa más que cualquier respuesta del Estado.
