Actualizado 23/01/2013 07:13

El Congreso crea los juicios políticos para destituir e inhabilitar a altos cargos del Estado


MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Honduras ha aprobado este martes la celebración de juicios políticos contra funcionarios que abusen de sus facultades, incluidos altos cargos del Estado, que, en caso de ser condenados, podrán ser destituidos e inhabilitados.

El proyecto de ley define el juicio político como "una acusación constitucional --o un proceso de orden constitucional-- cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos, particularmente de los más altos cargos".

El Congreso será el encargado de decidir si se celebra un juicio político y contra quién. La norma jurídica prevé que se pueda hacer contra cualquier funcionario, aunque destaca al "jefe del Estado, al jefe de Gobierno, a los ministros y a los magistrados de los tribunales superiores de justicia".

El juicio político constará de dos fases: una primera en la que se desarrollarán las pesquisas y que durará el tiempo que el pleno del Congreso determine; y una segunda de discusión y votación, que no podrá durar más de cinco días.

El Congreso podrá declarar inocente o culpable al funcionario en cuestión. En este último caso, puede dar lugar a su destitución, a su inhabilitación para ejercer un cargo público durante un determinado periodo de tiempo o a que sea procesado por los tribunales de justicia.

El proyecto de ley establece que para destituir al jefe de Estado es necesaria una mayoría cualificada de tres cuartas partes (96 votos), mientras que para los demás funcionarios valdrá con una mayoría cualificada de dos terceras partes (86 votos).

A pesar de que el Congreso ya ha aprobado el proyecto de ley, para que entre en vigor es necesario que sea ratificado durante la próxima legislatura, que comienza el 25 de enero, y que se elabore un reglamento de desarrollo técnico, según el diario hondureño 'Proceso Digital'.

"DÍA HISTÓRICO"

El proyecto de ley ha sido aprobado con el apoyo unánime de la bancada oficialista, cuyos representantes han considerado que se trata de un "día histórico" porque finalmente Honduras ha adoptado una figura jurídica presente en otros países de la región.

El presidente del Congreso, Juan Hernández, ha argumentado que el juicio político ayudará al país centroamericano "a no caer de nuevo en el terrible conflicto de 2009, cuyas consecuencias devastaron económica y socialmente a Honduras".

Hernández se ha referido al golpe de Estado del 28 de junio de ese año, cuando el Congreso ordenó a las Fuerzas Armadas detener al entonces presidente, Manuel Zelaya, para impedir que celebrara un referéndum para legalizar la reelección mediante una reforma constitucional.

La oposición ha criticado la escasa participación que ha tenido en la redacción y en el debate del proyecto de ley y la rapidez con la que se ha aprobado. "Esperamos que se atiendan con la misma celeridad las otras 40 recomendaciones de la Comisión de la Verdad", ha dicho la diputada liberal Yadira Bendaña.