MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de exfuncionarios que trabajaron bajo el mandato del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien está acusado de varios delitos de narcotráfico y posesión de armas en Estados Unidos, han denunciado este viernes que se sienten "perseguidos".
En un comunicado del Consejo de exfuncionarios de la Gestión Gubernamental 2014-2022, fechado a 30 de noviembre y recogido este viernes por el diario hondureño 'La Prensa', advierten de que se sienten "injustamente perseguidos y cuestionados" por su gestión el frente del Ejecutivo del expresidente.
Así, alegan que sus medidas para combatir la delincuencia fueron "eficaces", ya que en 2014 había 86.000 muertes violentas en el país por cada 100.000 habitantes, cifra que, durante el mandato de Hernández, se redujo en 2021 a 38.600 fallecidos.
Los exfuncionarios han señalado que en los últimos meses, bajo el mandato de Xiomara Castro, ha aumentado la violencia, con robos, secuestros, asesinatos o extorsiones, entre otros, por lo que hay "un retroceso en materia de seguridad con alarmantes cifras que afectan (a) la vida, la integridad física, la propiedad y la economía".
La Fiscalía de Nueva York confirmó en febrero de 2021 la existencia de una investigación por narcotráfico contra el presidente hondureño. El nombre de Hernández ya había salido previamente en las investigaciones, dado que los fiscales aseguraron que tuvo contacto con el famoso narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
El que en su día fuera uno de los principales aliados de Washington en la región acabó cayendo en desgracia a medida que las sospechas sobre sus vínculos con el narcotráfico se hicieron más evidentes --la cadena perpetua a su hermano Toni Hernández-- y sobre todo por la imposibilidad de revalidar mandato.
Castro tomó posesión el pasado 27 de enero en en marco de una crisis económica por la subida del precio de los combustibles y de los alimentos que, sumado a que el país tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo, así como las infraestructuras dañadas por el paso de dos huracanes en 2020 y las estructuras del Estado infectadas por el narcotráfico y la corrupción.