Actualizado 07/01/2010 03:07

Honduras.- Zelaya dice que el requerimiento contra los militares sólo trata de poner "un manto sobre la verdad"


LONDRES, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha asegurado que la solicitud de detención y procesamiento presentada este miércoles por la Fiscalía contra la cúpula militar hondureña sólo es "un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio" y tan solo pretende esconder que fueron los políticos quienes dieron la orden de que se le expulsara del poder.

El fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un "requerimiento fiscal" en el que solicitaba iniciar una causa contra la Junta de Comandantes, contra quienes pide una acusación formal por abuso de la autoridad y expatriación ilegal de Zelaya.

"Si sabían que los militares habían cometido un error, significa que el Congreso Nacional no podía destituirme", indicó Zelaya en declaraciones recogidas por BBC Mundo. En su opinión, la Fiscalía habría tenido que solicitar "que regresara directamente a mi puesto como presidente y que mis abogados y me defendieran", añadió. Por ello, rechazó la medida adoptada por el Ministerio Público y lo calificó como "un manto sobre la verdad".

La Junta de Comandantes está formada, entre otros, por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Romeo Vásquez, el comandante de la Fuerza Áerea, Venancio Cervantes, y el comandante de la Fuerza Naval, Luis Javier Prince.

Tanto el presidente 'de facto', Roberto Micheletti, como el propio Vásquez han aseverado en reiteradas ocasiones que expulsaron a Zelaya cumpliendo órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal del país y el Congreso aprobaron la destitución del presidente depuesto alegando una supuesta violación de la Constitución, por sus intención de someter a consulta popular una modificación de la carta magna que permitiese su reelección en el cargo.

El Congreso de Honduras votará la próxima semana una posible amnistía que permitiría la salida del país de Manuel Zelaya, refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el pasado mes de septiembre, y la retirada de cualquier cargo contra los militares involucrados en el golpe de Estado.