La organización lamenta la detención del activista por los Derechos Humanos en la región Khurram Parvez
MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que la Administración india de Cachemira emplea una ley antiterrorista "abusiva" para arrestar a activistas y críticos del Gobierno, como el reciente caso del activista por los Derechos Humanos de la región Khurram Parvez.
Así, han instado al Gobierno de India a que ponga fin "de inmediato" a las violaciones de los derechos a la libertad y a que garantice un juicio justo en base a la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, así como a respetar las normas internacionales de defensa de los Derechos Humanos.
La ONG ha detallado que miembros de la Agencia Nacional de Investigación de India allanaron la casa de Parvez hace unos días, procediendo a arrestarle argumentando una supuesta financiación al terrorismo, pertenencia a organización terrorista y conspiración criminal y afrenta al Estado.
Pervez ya había estado detenido durante más de dos meses en 2016 y se le impidió viajar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Más tarde, en el año 2020, fue uno de los objetivos contra los que se actuó en las redadas antiterroristas desarrolladas en el mes de octubre, cuando varias ONG se enfrentaron a investigaciones por el ejercicio de su trabajo al hablar "abiertamente sobre los abusos del Gobierno".
Este nuevo arresto se produce en medio de una creciente represión a nivel nacional por parte del Ejecutivo, liderado por el Partido Bharatiya Janata, contra grupos de la sociedad civil y medios de comunicación --particularmente en Jammu y Cachemira--.
India otorgó a Jammu y Cachemira una autonomía parcial por respeto a las identidades étnicas, lingüísticas y religiosas de su pueblo, por ser los dos únicos territorios con mayoría musulmana. No obstante, en 2019 el Gobierno revocó unilateralmente su estatus especial y lo dividió en dos territorios gobernados por la Administración federal.
Las autoridades utilizan cada vez más la ley antiterrorista contra activistas, periodistas, manifestantes pacíficos y críticos para silenciar la disidencia. Ya en octubre de 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación este hecho e instó a las autoridades a poner en libertad a los arrestados "por ejercer simplemente los Derechos Humanos básicos que India está obligada a proteger".
Desde agosto de 2019, las autoridades indias han tomado medidas drásticas contra la libertad de prensa en Cachemira y los periodistas se enfrentan a un hostigamiento cada vez mayor a la par que el acceso a Internet se ve restringido con más frecuencia que en cualquier otro lugar del mundo, ha incidido HRW.
Desde el mismo año, las fuerzas de seguridad han estado implicadas, además, en "numerosos abusos" al imponer restricciones a la circulación, incluido el hostigamiento, los malos tratos en los puestos de control, la detención arbitraria, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
Ya en el mes de marzo, expertos de la ONU escribieron al Gobierno indio en busca de información sobre la detención de un político de Cachemira, el presunto homicidio bajo custodia de un comerciante y la desaparición forzada de un residente del distrito de Shopian.
Los expertos de Naciones Unidas trasladaron así su preocupación por "las medidas represivas y el patrón más amplio de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales utilizados contra la población local, así como de intimidaciones, registros y confiscaciones cometidas por agentes de seguridad nacional".
En este contexto, HRW ha lamentado que a medida que se reprimen los Derechos Humanos en India, sus socios internacionales --entre los que está Estados Unidos o la Unión Europea-- siguen siendo "reacios a denunciar públicamente los abusos" de la Administración.
"Esta falta de voluntad para criticar el aumento de los abusos genera preocupaciones de que el Gobierno se sienta envalentonado para tomar más medidas represivas (...) Las autoridades indias deberían poner en libertad inmediata e incondicional a Parvez y otras personas arrestadas en casos con motivaciones políticas y retirar todos los cargos en su contra", ha zanjado la ONG.