MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Al menos ocho ciudadanos nicaragüenses exiliados en Estados Unidos y privados de su nacionalidad por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses, algunos de ellos mientas matenían procedimientos de asilo, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW), que ha advertido del riesgo de que sean deportados a países donde podrían quedar expuestos nuevamente a persecución o tortura.
Siete de los afectados formaban parte de los 222 presos políticos que Managua expulsó a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. Tras calificarlos de "traidores", las autoridades nicaragüenses les retiraron la nacionalidad. Una vez trasladados a territorio estadounidense, Washington les concedió un permiso de permanencia por motivos humanitarios durante dos años.
El octavo detenido es el periodista Luis Galeano, cuya nacionalidad le fue revocada seis días después, junto con la de otros 93 críticos del Ejecutivo nicaragüense. Fuentes conocedoras de los expedientes han trasladado a HRW que al menos cuatro de los afectados tenían solicitudes de asilo pendientes.
"Tras ofrecer refugio a estos críticos del Gobierno nicaragüense hace apenas tres años, Estados Unidos ahora los detiene y amenaza con deportarlos", ha afirmado la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
"El Derecho Internacional prohíbe a Estados Unidos devolver a cualquier persona para que enfrente la amenaza de persecución o tortura. Las autoridades estadounidenses no deberían intentar enviar a estos hombres de vuelta al peligro", ha añadido.
DETENCIONES DURANTE TRÁMITES MIGRATORIOS
Al menos dos de los ocho nicaragüenses han sido arrestados entre abril y septiembre de este 2026 mientras acudían a una cita judicial o a una entrevista relacionadas con sus solicitudes de asilo. Según HRW, cinco de los ocho hombres continuarían bajo custodia.
La organización entrevistó en septiembre al representante legal de dos de ellos y a la esposa de un tercero. Además, comprobó mediante el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que cuatro permanecían bajo custodia de la agencia estadounidense.
Asimismo, consultó el sistema automatizado de información de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración para comprobar el estado de sus procedimientos. La detención de otro de los afectados ha sido difundida por medios de comunicación, aunque HRW precisa que no pudo verificarla de manera independiente.
Otros dos hombres han sido puestos en libertad. El periodista Luis Galeano salió bajo fianza el 26 de septiembre, mientras que Marvin Castellón Ubilla fue puesto en libertad en julio después de permanecer más de dos meses detenido por ICE.
Dos de los ocho nicaragüenses habían recibido condenas en Nicaragua por delitos relacionados con el narcotráfico y organizaciones nicaragüenses de defensa de los Derechos Humanos sostienen que esos procedimientos estuvieron motivados políticamente. En otro de los casos, un ciudadano fue acusado en Estados Unidos de posesión ilegal de un arma de fuego regulada y posteriormente quedó en libertad condicional, según una resolución judicial examinada por la ONG.
EL CASO DEL PERIODISTA LUIS GALEANO
Galeano, de 48 años, fue detenido por el ICE el pasado 14 de septiembre y un juez de inmigración acordó concederle la libertad bajo fianza, el 23 de septiembre, abandonado tres días después el centro de detención migratoria de Krome, en Miami, donde había permanecido retenido.
Su familia ha explicado a HRW que Galeano presento su solicitud de asilo en junio de 2019 y que disponía de autorización para trabajar en Estados Unidos, donde carece de antecedentes penales. Su próxima comparecencia ante el tribunal de inmigración está prevista para el 27 de octubre.
La situación del centro de Krome ha sido objeto de críticas por parte de Human Rights Watch, que ha documentado condiciones que considera "abusivas"; entre ellas, la permanencia durante días en celdas de ingreso masificadas y sometidas a temperaturas muy bajas, en algunos casos sin ropa de cama.
A estas denuncias se suman las conclusiones de una inspección no anunciada realizada en mayo de 2025 y cuyos resultados fueron publicados el 11 de septiembre por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. El informe detectó incumplimientos relacionados con las normas médicas y el empleo de la fuerza, incluido el uso indebido de una técnica de estrangulamiento contra uno de los detenidos.
CIENTOS DE NICARAGÜENSES HAN PERDIDO LA NACIONALIDAD
Human Rights Watch ha situado estos casos en el contexto de la represión ejercida por las autoridades nicaragüenses durante los últimos años y ha denunciado que Nicaagua se ha convertido, durante el mandato de Ortega y Murillo, en uno de los países más autoritarios del hemisferio occidental, al tiempo que ha señalado que las personas críticas con el Gobierno a menudo se enfrenta a penas de prisión, al exilio o a la pérdida de nacionalidad.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, una organización nicaragüense dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, contabilizaba en septiembre de este año al menos 68 presos políticos, de los que 31 eran considerados víctimas de desaparición forzada.
Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, el Gobierno nicaragüense retiró la nacionalidad a 452 personas y confiscó sus bienes. Entre ellas se encontraban los 222 presos políticos enviados a Estados Unidos en febrero de 2023.
Por su parte, la Administración estadounidense de Donald Trump ha aplicado sanciones contra numerosos funcionarios nicaragüenses por su presunta participación en la represión.
AUMENTO DE LAS DEPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS
Al mismo tiempo, las deportaciones de ciudadanos nicaragüenses desde Estados Unidos ha aumentado considerablemente. Un análisis de HRW basado en información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cifra en más de 6.300 los nicaragüenses deportados entre enero y julio de 2026, frente a los 3.323 registrados durante el mismo periodo de 2025.
Así las cosas, medios de comunicación consultados por la ONG internacional han informado de que algunos de los nicaragüenses retornados han quedado sometidos a vigilancia después de regresar de su país.
El Ejecutivo de EEUU ha recurrido también al envío de ciudadanos nicaragüenses a terceros países. Según el análisis de HRW a partir de datos de ICE, desde enero de 2025 más de 1.100 nicaragüenses han sido trasladados a otros Estados, principalmente México (864 personas), El Salvador (63), Guatemala (50) y Honduras (49).
LA ONU ALERTA DE UNA RED CONTRA LOS EXILIADOS
El riesgo para los nicaragüenses deportados a países vecinos también ha sido relacionado co las actividades de vigilancia exterior atribuidas al Gobierno de Managua.
Expertos de la ONU informaron en marzo de la existencia de una estructura transnacional de vigilancia e inteligencia destinada a localizar, controlar y perseguir a ciudadanos nicaragüenses exiliados, y documentó al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos del Gobierno que se encontraban fuera del país, incluido el del antiguo mayor del Ejército nicaragüense Roberto Samcam, en junio de 2025 en Costa Rica.
En este contexto, HRW ha alertado de que el traslado de exiliados nicaragüenses a Honduras u otros países próximos podría facilitar que quedasen nuevamente al alcance de las autoridades de las que huyeron.
En la misma línea, ha reclamado a Estados Unidos que no deporte a Nicaragua a quienes puedan enfrentarse allí a persecución o tortura y ha instado al Congreso estadounidense a exigir al Departamento de Seguridad Nacional información sobre los ciudadanos nicaragüenses a los que Managua ha retirado la nacionalidad y que permanecen bajo custodia de ICE.