Actualizado 15/12/2014 22:06

HRW envía una carta a Morales para que se reformen algunas leyes contra los DDHH

Venezuela expulsa al director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco
Foto: Reuters

LA PAZ, 15 Dic. (Notimérica) -

   La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha enviado una carta al mandatario boliviano, Evo Morales, instándole a reformar de manera inmediata algunas leyes de la Constitución Política de Bolivia aprobada en 2009 que vulnerarían los Derechos Humanos.

   El director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha mandado una carta al presidente boliviano indicando que tanto éste como "la mayoría legislativa de su partido han promulgado una serie de normas que constituyen un grave retroceso para las garantías de Derechos Humanos en Bolivia".

   En la carta, Vivanco "insta respetuosamente" al mandatario a reformar "inmediatamente" esas leyes problemáticas que atentan contra la libertad de asociación y expresión y fueron aprobadas en el segundo mandato de Morales, entre 2010 y 2014.

   Se trata de leyes sobre "organizaciones de la sociedad civil, la tortura, el trabajo infantil, el racismo y la discriminación, y la imposición de sanciones a funcionarios y magistrados de alto rango".

   La intención de la carta reside en que Morales "emplee sus facultades constitucionales para promover cambios legislativos en las áreas citadas a fin de garantizar que Bolivia cumpla con sus obligaciones internacionales", en palabras de Vivanco.

   Entre las leyes que es preciso reformar según la organización de los Derechos Humanos se encuentra una promulgada en julio mediante la cual Bolivia se convertía en el primer país del mundo que legalizaba el empleo de niños y niñas de 10 años y que "contraviene el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo".

   Otra de estas leyes data de marzo del pasado año y decreta la regulación de las organizaciones no gubernamentales y "concede a las autoridades facultades excesivamente amplias para disolver organizaciones por motivos imprecisos, como "que atenten en contra de la seguridad o el orden público".

   Asimismo, otra ley del mismo año que decretaba el reglamento del nuevo 'Servicio para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes' habría afectado a la independencia del Ministerio de Justicia, y no establecería las facultades del citado Servicio, cuyos estándares "deberán enunciarse de manera clara en forma de texto constitucional o legislativo".

   "Reformar una de estas leyes problemáticas es un paso positivo, pero debería ser apenas el punto de partida de un proceso de revisión exhaustivo para que Bolivia cumpla plenamente con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos", ha explicado Vivanco.

   Por su parte, "la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha reformado el Código Penal Militar para asegurar que las violaciones de Derechos Humanos sean juzgadas en tribunales de la Justicia penal ordinaria y no en el ámbito del sistema de Justicia militar", según recoge la carta.

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