MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha recalcado este martes que el Congreso de Estados Unidos debería presionar al Gobierno del país para que imponga sanciones contra altos funcionarios del Ejecutivo de Nicaragua por la represión de las protestas en el país.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG, ha declarado durante la jornada ante un subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense que en el marco de las protestas han muerto más de 300 personas, mientras que más de 2.000 han resultado heridas y cientos han sido detenidas.
"En HRW estamos extremadamente preocupados porque los responsables de violaciones de los Derechos Humanos en Nicaragua no han rendido cuentas por sus abusos", ha señalado.
"El Gobierno de Estados Unidos debería adoptar una posición contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la imposición de sanciones individuales dirigidas contra altos funcionarios que son responsables de gravísimos abusos", ha agregado.
Asimismo, ha pedido al Congreso que "inste a Nicaragua a crear una unidad especial que, de forma conjunta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas".
Vivanco ha solicitado además al Congreso que "se reúna regularmente con defensores de los Derechos Humanos, activistas, periodistas y miembros de la oposición de Nicaragua que viajen a Washington para mantener una posición equilibrada al analizar la situación en Nicaragua".
Las declaraciones de Vivanco han tenido lugar apenas un día después de que entrara en vigor la controvertida ley de amnistía aprobada el viernes por el Parlamento de Nicaragua.
La Alianza Cívica que aglutina a la oposición ha rechazado la ley de amnistía porque considera que es solo una forma de "garantizar la impunidad para paramilitares y policías que participaron en la represión contra la población que protestaba y justificar la liberación de presos políticos.
En la misma línea, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha mostrado su preocupación por esta ley, ya que "podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de Derechos Humanos" cometidas durante las protestas.
CRISIS POLÍTICA
La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 150 bajo la modalidad de "casa por cárcel", sin contar con las liberaciones de los dos últimos días.