La brigada comandada por el actual jefe del Ejército cometió al menos 48 ejecuciones extrajudiciales
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Human Rigths Watch (HRW) ha vinculado a altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia con las alrededor de 3.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008 por tropas militares y que fueron disfrazadas como muertes en combate. Cientos de soldados han sido condenados por estos 'falsos positivos', pero la cúpula apenas se ha visto salpicada.
El informe 'El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles' recoge "amplias evidencias" --incluidos testimonios directos-- que constatarían que altos mandos del Ejército sabían e incluso pudieron haber ordenado dichas ejecuciones.
La Fiscalía colombiana ha identificado hasta la fecha a más de 180 batallones y otras unidades tácticas por su presunta responsabilidad en los 'falsos positivos', pero "apenas algunos coroneles y ningún general" han sido condenados. Sí lo han sido, sin embargo, "cientos de soldados de los rangos más bajos".
En base a la información recabada del Ministerio Público, HRW ha confirmado la apertura de investigaciones sobre antiguos comandantes del Ejército Nacional como Mario Montoya y Óscar González Peña, así como el actual, Jaime Lasprilla Villamizar. Al menos 48 ejecuciones fueron cometidas por soldados de la Novena Brigada cuando Lasprilla Villamizar estaba al mando.
Otro de los nombres incluidos en el informe es el de Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante general de las Fuerzas Militares. Durante su etapa al frente de la Cuarta Brigada, este bloque habría cometido al menos 28 asesinatos, según HRW.
El director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha subrayado que hay "cada vez más evidencias" que vinculan a altos mandos del Ejército como "responsables" de estos hechos, "uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años".
A pesar del nivel de los delitos, Vivanco ha denunciado que los fiscales deben hacer frente a "obstáculos sustanciales" que coartan las investigaciones y que incluyen "desde represalias contra testigos clave hasta falta de cooperación por parte de autoridades militares". "Numerosos casos de falsos positivos continúan en la Justicia Militar, donde prácticamente se garantiza su impunidad", ha añadido.
La organización ha documentado en su informe amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra soldados que han declarado contra sus superiores y ha citado el caso de Nixón de Jesús Cárcamo, que fue asesinado en un centro de reclusión militar en octubre del año pasado tras aportar información a la Fiscalía.
Fuentes fiscales han asegurado, además, que los militares se resisten a entregar los documentos requeridos, entre ellos los que recogerían las órdenes relativas a las supuestas operaciones donde se produjeron las ejecuciones, y denuncian que deben hacer frente a un "volumen abrumador" de expedientes y a un reparto de casos que obstaculiza toda investigación "contextualizada".
Según HRW, también supone un "grave impedimento" para la rendición de cuentas que "muchos" casos de 'falsos positivos" --"posiblemente cientos"-- sigan en manos de la Justicia Militar, a pesar de que tanto la Corte Constitucional colombiana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han pedido que este tipo de violaciones sean juzgadas por tribunales ordinarios.
"Esto supone un grave impedimento, especialmente considerando la evidencia documentada en el informe según la cual la Justicia Penal Militar no adoptó medidas básicas para investigar falsos positivos cuando la mayoría de los casos estuvieron bajo su jurisdicción y que al menos algunos jueces militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir los delitos", ha advertido HRW.
MENSAJE AL TPI
HRW ha instado al Gobierno de Juan Manuel Santos a ordenar a las autoridades militares que cooperen con las pesquisas, a asignar suficientes fiscales a los casos y a proteger a los testigos y a sus familias. Asimismo, debería garantizar que las condiciones de un posible acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no permitan la "impunidad" frente a los 'falsos positivos'.
La organización ha advertido, además, de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) vigila los procedimientos abiertos y "podría" iniciar su propia investigación si considera que Colombia no está dando los pasos necesarios para depurar responsabilidades y hacer justicia. "Si Colombia no lleva ane la justicia a los máximos responsables, el TPI debería abrir una investigación formal", ha reclamado Vivanco.
HRW también incluye en su informe un mensaje a Estados Unidos, país al que propone que suspenda su ayuda militar a Colombia hasta que se garantice "el cumplimiento de los requisitos de Derechos Humanos", una condición que teóricamente ya figura en el acuerdo bilateral.