BRUSELAS, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha redoblado la presión hacia Hungría por la ley de financiación de ONG que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) declaró ilegal, al enviar una segunda carta en la que ha pedido información para asegurar que la polémica ley no se aplica.
Según ha confirmado el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, Bruselas ha enviado una nueva misiva en la que urge a Budapest a que remita información sobre la situación y las medidas puestas en marcha en el país con el fin de garantizar que no se aplica la normativa que tumbó la justicia europea.
También ha pedido conocer el borrador que maneja el Gobierno de Viktor Orban para reformar la ley y quiere saber el plazo concreto en el que entrarán en vigor las modificaciones legales para acabar con los aspectos que la sentencia del TUE declaró ilegal.
Ahora Hungría tiene un mes para responder a la misiva y, en un mensaje de advertencia, la Comisión ha insistido en que no dudará en tomar medidas apropiadas para asegurar que se cumple el fallo del TUE.
Bruselas ha recordado que las sentencias del órgano de justicia europeo son de obligado cumplimiento para los Veintisiete. "Esperamos que Hungría adopte medidas de forma inmediata", ha señalado Wigand.
El pasado mes de junio el Tribunal con sede en Luxemburgo declaró ilegal la controvertida legislación húngara que limita las opciones de las ONG del país de recibir fondos extranjeros para su financiación, al concluir que contraviene derechos fundamentales protegidos por la UE como la libertad de asociación y la protección de datos, así como el derecho a la libre circulación de capitales.
La Comisión Europea elevó el caso al TUE al no lograr convencer a Orban de que enmendara la ley adoptada en 2017 bajo el nombre 'Ley de Transparencia' y que desde entonces impone obligaciones de registro, declaración y publicidad a organizaciones de la sociedad civil que reciben directa o indirectamente dinero del exterior bajo la amenaza de sanciones.
La norma, que fue vista como un intento por limitar la influencia del magnate George Soros, crítico con las políticas anti inmigración promovidas por el Gobierno húngaro, fue motivo para que Bruselas expedientara a Hungría al considerar que discrimina y restringe "desproporcionadamente" las donaciones desde el extranjero a organizaciones civiles.