MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de México han imputado a 30 miembros de la Armada de México por su supuesto papel en una serie de desapariciones registradas entre febrero y mayo de 2018 en la ciudad de Nuevo Laredo, situada en la frontera con Estados Unidos, según ha anunciado la Fiscalía.
"Durante la administración anterior, de febrero a mayo de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se dieron una serie de confrontaciones violentas, de donde resultaron diversas denuncias por desaparición forzada, vinculadas con elementos de la Marina-Armada de México", ha señalado la Fiscalía en su comunicado.
Así, ha detallado que tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia "se reabrió el caso" y se logró obtener de un juez federal 30 órdenes de detención contra miembros de la Armada.
La Fiscalía ha subrayado que el secretario de la Secretaría de Marina (SEMAR), José Rafael Ojeda Durán, "ha coadyuvado con toda eficacia para el cumplimiento de los mandatos judiciales", en lo que ha descrito como "un acto ejemplar de apego a la ley".
"La Fiscalía General de la República ya logró obtener del juez federal de control con sede en Reynosa, Tamaulipas, la vinculación a proceso de los 30 elementos señalados, fijando un plazo de seis meses para la investigación complementaria", ha zanjado.
Los imputados son sospechosos de haber participado en la desaparición forzosa de una serie de personas en Nuevo Laredo, situada en la frontera y adyacente a la ciudad estadounidense de Laredo, en el estado de Texas. Nuevo Laredo cuenta con la presencia de varios cárteles y otras bandas criminales.
Naciones Unidas ha elevado a 23 el número de desaparecidos, incluidos tres niños de catorce años, si bien organizaciones locales han apuntado a más de 50 casos, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.
La Comisión Nacional de Búsqueda de México (CNB) denunció en enero la existencia de al menos 82.881 casos de personas desaparecidas, cifra que contrasta con la de las 35 sentencias condenatorias de primera instancia por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, de lo que se desprende que hay un nivel de impunidad del 99 por ciento.